Duro informe de "Human Rights Watch" sobre Formosa

El informe señala que el Gobierno provincial habría "empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica".

Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó a Cadena 3 que la investigación sobre el impacto de las medidas sanitarias impuestas en Formosa, estableció que estas fueron "abusivas".

"Encontramos que las medidas fueron abusivas e insalubres y eso puso en riesgo, no solo el control de la pandemia sino los derechos humanos de la población", dijo

Y resaltó que producto de estos abusos "cayó la credibilidad en al administración pública, que es esencial para dar una respuesta a la pandemia".

"Además del tema del confinamiento, también califica como violación a los derechos humanos las medidas contra los periodistas para evitar la difusión de la información y contra los manifestantes que protestaban contra las medidas excesivas".

La organización recomendó al Presidente designar a un titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que debe ser independiente del Estado.

Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, indicó: "Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19".

"Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo", profundizó.

En efecto, Human Rights Watch entrevisto´ a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habi´an estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así´ como a distintos profesionales.

"La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de no divulgar sus nombres y otros datos que permita identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo", señaló la organización.

"En enero, tras un marcado aumento en los casos de Covid-19, el Gobierno incremento´ sustancialmente el numero de personas retenidas en centros de cuarentena y de aislamiento. Muchas de ellas reportaron abusos", añadió.

El reporte señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda.

La mujer y sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, terminaron encerrados en una habitación de hotel. 

El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el otro día.

Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.

Entre agosto de 2020 y el mes en curso, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un "bloqueo sanitario", donde suspendieron el transporte público y exigieron que quien quiera salir presente una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la Policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.

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EMBGARGADO - Informe de HRW Sobre Formosa by Adri Ian on Scribd

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