Cristina denuncia que las restricciones a visitas afectan sus derechos políticos

Las limitaciones establecidas sobre las visitas que puede recibir Cristina Kirchner, actualmente con prisión domiciliaria, comprometen sus "derechos políticos y partidarios", según argumenta su defensa. Los abogados de la ex mandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que condicionar su "interrelación" con otros líderes a una autorización judicial previa representa un obstáculo significativo.

Asimismo, los letrados indicaron que si se establece la necesidad de solicitar permiso al Tribunal y justificar cada visita que no figure en el listado permitido, se generaría un "desgaste jurisdiccional", según fuentes judiciales.

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Desde la divulgación por parte del abogado Gregorio Dalbón de la dirección de email oficial del Tribunal Oral Federal 2, se registraron 702 pedidos para visitar a Cristina Kirchner en su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

El presidente del Tribunal y juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, ha redirigido todas estas solicitudes a los abogados Beraldi y Llernovoy, recordándoles que según la normativa, son ellos quienes deben gestionar las solicitudes junto con las respectivas justificaciones en cada caso.

Los abogados ya apelaron ante la Cámara Federal de Casación la decisión del Tribunal que limita el ingreso solo a familiares, abogados, custodios y médicos autorizados, y recalcaron que si esta restricción se confirma, se estaría perjudicando los derechos políticos y partidarios de Cristina Kirchner al obligar a pedir autorización judicial para interactuar con otros dirigentes.

Además, argumentaron que en los casos de prisión domiciliaria, la regla fundamental consiste en cumplir con la restricción de la libertad ambulatoria sin imponer limitaciones adicionales a lo ya estipulado.

La defensa también manifestó que cualquier restricción adicional constituiría un ejercicio de poder que no se encuentra detallado en la normativa vigente.

Estos alegatos serán evaluados por la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron previamente la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para la ex vicepresidenta en la causa Vialidad.