Corredores Viales despidió a 117 empleados tras cuatro días de protestas

Corredores Viales S.A. emitió telegramas de despido a 117 trabajadores de las 2.500 personas que participaron en las protestas organizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), ligado a Facundo Moyano. Estas protestas, que se llevaron a cabo la semana pasada durante cuatro días, impactaron significativamente en las operaciones de la empresa, resultando en pérdidas para el Estado Nacional que superan los 2.500 millones de pesos.

Fuentes oficiales explicaron que esta acción de carácter sindical, considerado un acto de extorsión, se inició en relación con un reclamo al Estado Nacional en apoyo de 500 empleados de la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según las estipulaciones de 2014. El sindicato buscaba la contratación o indemnización de estos trabajadores, lo cual es responsabilidad de una empresa privada.

Desde Corredores Viales se destacó que, al verse afectadas las operaciones por motivos ajenos a la empresa y sin previo aviso a la autoridad competente, como lo exige la Ley 14.786, se presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo. En respuesta, SUTPA modificó las razones del paro, las cuales no justificaban la medida de suspensión por un tiempo indefinido.

El Gobierno advirtió que, si las acciones de protesta continuaban, la empresa implementaría sanciones disciplinarias a los trabajadores, que incluirían descuentos de días y horas de trabajo, pérdida de presentismo y, en última instancia, despidos.

Se enfatizó que el Estado Nacional no permitirá ningún tipo de extorsión por parte de sindicatos. Las acciones de SUTPA durante la semana pasada incluyeron el levantamiento de las barreras de peaje y obstrucciones en el paso de vehículos, lo que generó retrasos significativos para los usuarios y pérdidas financieras a Corredores Viales estimadas en más de 2.500 millones de pesos.

Asimismo, se informó que cuando se levantan las barreras de peaje, no solo se interrumpe el cobro manual del mismo, sino que también se inhabilita el sistema de cobro automático a través de Telepase. Esto provoca un daño a la recaudación estatal, superior a 700 millones de pesos diarios, que son cruciales para el sostenimiento del sistema sin requerir aportes adicionales del Estado.

Ante la posibilidad de que estas medidas gremiales persistieran, se colaboró con las fuerzas de seguridad para desarrollar un protocolo que evite en el futuro cortes en las rutas y garantice la libre circulación de todos los argentinos.

La protesta tuvo un impacto notable en varios carriles de la Autopista Riccheri, en dirección a la provincia de Buenos Aires, creando un caos vehicular y complicaciones considerables en la circulación cerca de Tapiales, especialmente en horarios críticos donde muchos camiones acceden al Mercado Central.

El SUTPA tomó esta decisión debido a la "preocupación" por rumores de despidos que afectaban a los 10 tramos de la Concesionaria Vial, incluidos 500 empleados de Caminos del Río Uruguay, que enfrentaron el vencimiento de su concesión.