Reforma laboral: mirá quién se opone ahora

Reforma laboral. Y de repente, un baldazo de agua fría. Porque uno piensa: ¿Quién se opone a una reforma laboral? Bueno, los de siempre: la CGT, los sindicatos. Hasta ahí, nada nuevo. Pero no. Esta vez apareció una patronal. Y no cualquier patronal, sino una de peso, con nombre y representación nacional: la CAME, la Cámara que dice agrupar a los pequeños y medianos comercios de todo el país.

Y ahí es donde algo no cierra.

CAME salió públicamente a cuestionar el proyecto de modernización laboral. Pidió que no se incluyan varios artículos clave. El primero que encendió las alarmas fue el 128, el que prohíbe los aportes obligatorios a entidades empresarias en los convenios colectivos. Rápido, casi automático, fue el diagnóstico: "están llorando por la plata".

No es un detalle menor. CAME administra el Inacap, un instituto de capacitación que cobra un aporte obligatorio sobre la nómina salarial de los empleados de comercio. No sobre la facturación, sobre los sueldos. En marzo eran unos 4.500 pesos por empleado. En total, alrededor de 5.600 millones de pesos mensuales. Muchísimos comerciantes dicen no haber recibido nunca una capacitación. Pero el aporte se paga igual. Obligatorio. Blanco sobre negro.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, salió a defenderlo. Dijo que en la pandemia ayudaron a muchos comercios a digitalizarse, a vender online. Puede ser. Pero el ruido sigue ahí: plata obligatoria, cobrada a los que están en regla.

Ahora bien, si el problema fuera solo ese, la discusión sería más simple. Pero no. CAME también rechaza otros artículos mucho más estructurales de la reforma. Y ahí la cosa se vuelve realmente extraña.

Cuestiona el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos. Ese mecanismo por el cual, aunque el convenio esté vencido, si el sindicato no quiere negociar, se mantiene todo igual. Las empresas quedan atrapadas. La reforma propone algo bastante razonable: que sigan vigentes las cláusulas básicas, pero que otras se renegocien. Y si no hay acuerdo en seis meses, arbitraje. CAME tampoco quiere eso.

Tampoco quiere los artículos 130 y 131, que establecen que los convenios por empresa prevalezcan sobre los convenios por actividad. Algo que, en teoría, el empresariado viene pidiendo hace años. Porque no es lo mismo un comercio chico del interior profundo que una gran cadena en una capital provincial. Porque hay realidades distintas, costos distintos, márgenes distintos. Nada. Tampoco.

Y además cuestiona el artículo 132, que permite al Estado suspender convenios colectivos en casos de distorsiones económicas graves. Tampoco.

¿Qué está pasando acá?

Muchos dicen que CAME está, en los hechos, controlada por el sindicato de Comercio. Que quien "corta la pizza" es Armando Cavalieri. Jurídicamente son entidades distintas, sí. Pero políticamente, la sospecha flota.

Ahora bien, hay otra hipótesis, menos comentada y bastante más incómoda.

Veamos cómo funciona el control en la Argentina. ARCA (exAFIP), ministerios de Trabajo provinciales. ¿A quién controlan? A los grandes. Siempre. Una gran cadena de supermercados no puede tener empleados en negro. Es imposible. Está bajo la lupa permanente. Cumple convenios, paga cargas, impuestos, todo.

Pero el universo de los pequeños comercios es otra historia. Miles y miles. Ahí el control es mucho más laxo. Y ahí aparece una ventaja competitiva enorme. Si el grande tiene que cumplir sí o sí con convenios caros y el chico no, el chico gana. Si el grande paga IVA, Ganancias, cargas sociales, y el chico zafa, el chico gana.

Y ahora miremos la otra discusión: la reforma tributaria. En diciembre, CAME pidió bajar impuestos. ¿Para quién? Para las empresas chicas. Claro. Pero pensemos un segundo: si hoy el grande paga 21% de IVA y el chico, en negro, paga poco o nada, el chico tiene una ventaja del 21%. Si mañana el IVA baja al 15% para todos, esa ventaja se achica. El que cumple empieza a competir mejor. Al que incumple, se le cae el negocio.

Los números están ahí. Oficiales. En comercio hay 3,7 millones de trabajadores. De ellos, 1,2 millones están en negro. No es marginal. Es estructural.

Entonces tal vez la oposición de CAME a la reforma laboral no sea tan inexplicable. Tal vez no se trate solo de aportes obligatorios ni de principios jurídicos. Tal vez se trate de conservar un sistema donde muchos compiten gracias al incumplimiento, donde la informalidad es una ventaja y no un problema.

Por eso resulta tan insólito —y tan revelador— ver por primera vez a una cámara patronal diciendo "no quiero reforma laboral". No porque la reforma sea perfecta. Sino porque deja al descubierto algo mucho más profundo: que en la Argentina no solo hay resistencia al cambio desde el sindicalismo. También la hay desde sectores empresarios que viven mejor cuando nada se ordena.