Ni Caputo cree en lo que dice Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo dijo el fin de semana algo que, tomado de manera aislada, probablemente sea cierto: "Nadie va a dejar de invertir por la declaración jurada de Adorni".

Y efectivamente, un inversor extranjero difícilmente decida retirar capitales de la Argentina porque Manuel Adorni tenga o no tenga declarada correctamente una propiedad. El capital rara vez se mueve por razones morales. Se mueve por expectativas de estabilidad, rentabilidad y continuidad política.

Pero justamente ahí aparece la contradicción central del planteo de Caputo.

Porque el problema no es la declaración jurada en sí misma. El problema es el efecto político que generan este tipo de episodios sobre un gobierno cuya principal fortaleza sigue siendo la expectativa de continuidad de su modelo económico.

Durante meses, el propio oficialismo habló del llamado "riesgo kuka": el temor de los mercados y de los inversores a un eventual regreso del kirchnerismo al poder. Ese argumento fue utilizado reiteradamente para explicar tensiones cambiarias, cautela inversora o subas del riesgo país.

Entonces, si la política efectivamente influye sobre las decisiones económicas —como el propio Gobierno sostuvo durante todo este tiempo— resulta difícil sostener ahora que el desgaste político del oficialismo no tiene ninguna consecuencia.

Y hay al menos dos efectos concretos que el caso Adorni puede producir sobre el gobierno de Javier Milei.

El primero tiene que ver con la caída en las encuestas y el debilitamiento de la autoridad política del Presidente. Milei no construyó un oficialismo tradicional ni una coalición sólida. Su relación con gobernadores, legisladores y aliados circunstanciales es esencialmente pragmática.

Muchos de esos dirigentes acompañan al Gobierno porque perciben que Milei conserva un respaldo social importante en sus provincias y distritos. Mientras el Presidente mantenga altos niveles de apoyo, enfrentarlo puede tener costos electorales.

Pero si esa fortaleza empieza a erosionarse, esos socios circunstanciales podrían comenzar a despegarse rápidamente. Y eso complicaría seriamente la aprobación de reformas clave que el Gobierno todavía necesita impulsar, desde cambios impositivos hasta transformaciones estructurales más profundas.

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Mientras Caputo celebra la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos, el Gobierno sigue enfrentando una incertidumbre política.

El segundo efecto es todavía más importante: la posibilidad de que empiece a fortalecerse una alternativa opositora competitiva.

Y allí aparece la figura de Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense parece entender perfectamente esa lógica. Mientras Milei conserve fortaleza política y capacidad de reelegirse, Kicillof estaría obligado a moderar posiciones y ofrecer un discurso económico más racional o compatible con cierta estabilidad macroeconómica.

Pero si Milei se debilita, el incentivo político cambia completamente.

En ese escenario, Kicillof puede permitirse mantener ambigüedades, evitar definiciones incómodas y sostener discursos más confrontativos sin necesidad de explicar demasiado cómo resolvería problemas estructurales como la inflación, el déficit o la escasez de dólares.

Hasta ahora, el gobernador bonaerense evitó responder preguntas centrales. Por ejemplo, cómo funcionaría un eventual gobierno suyo sin recurrir nuevamente a emisión monetaria o controles cambiarios.

Kicillof cuestiona el actual tipo de cambio y sostiene que no favorece a los exportadores. Pero él mismo integró un gobierno donde el dólar oficial para exportar valía menos de la mitad del paralelo. También critica la falta de consumo y de inversión, aunque rechaza instrumentos como el RIGI, incluso cuando proyectos multimillonarios comienzan a aparecer en sectores estratégicos de su propia provincia, como el polo petroquímico de Bahía Blanca.

Por eso el verdadero problema del caso Adorni no pasa por un departamento más o menos declarado. El problema es político. Porque cualquier señal de desgaste del oficialismo introduce dudas sobre la continuidad del modelo económico.

Y cuando aparecen dudas sobre esa continuidad, automáticamente vuelve la pregunta que el mercado nunca deja de hacerse: quién podría reemplazar a Milei y con qué programa económico.

Ahí es donde el Gobierno empieza a enfrentar un desafío mucho más profundo que un escándalo patrimonial.

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