¿La Corte Suprema está a favor o en contra del modelo?

¿La Corte Suprema está a favor o en contra del modelo? En un país que no logra definir un rumbo económico sostenido, esa duda adquiere un peso central. La Argentina oscila, elección tras elección, entre proyectos opuestos: uno que apuesta a corregir los desequilibrios vía gasto público y otro que promueve un ajuste real para ordenar la economía y retomar el crecimiento. Ninguno logra consolidarse del todo. Todo queda a mitad de camino.

En ese escenario, el sistema institucional tampoco acompaña una dirección clara. El Congreso cambia de signo y de prioridades según el ciclo político, aprobando o bloqueando iniciativas en función del gobierno de turno. La Justicia, por su parte, aparece muchas veces fragmentada, con fallos contradictorios, jueces que avanzan sobre terrenos legislativos o decisiones que no siempre siguen una línea uniforme.

A eso se suman las tensiones entre provincias, los intereses sectoriales, las asimetrías regionales y un entramado económico donde conviven actores protegidos con otros que compiten en condiciones desiguales. El resultado es un país sin una línea definida, donde cada actor empuja en su propia dirección.

En ese contexto, la Corte Suprema aparece como uno de los pocos espacios capaces de ordenar el sistema. No porque defina un modelo económico —no es su función—, sino porque establece qué reglas están vigentes. Es, en definitiva, la última palabra sobre la interpretación de la ley, al menos hasta que el Congreso decida modificarla.

El reciente fallo sobre el conflicto entre la provincia de Chubut e YPF va en ese sentido. El caso giraba en torno al cobro de Ingresos Brutos sobre exportaciones de petróleo. Chubut, que no grava esas exportaciones cuando se realizan desde su territorio, pretendía cobrar el impuesto cuando el crudo era extraído allí pero procesado y exportado desde otra provincia.

El planteo de la empresa fue directo: esa práctica equivale a una suerte de “aduana interna”, algo incompatible con la lógica de un país federal que debería funcionar como un mercado único. La Corte coincidió. Consideró que la pretensión era irracional y contraria a la organización económica del país. En consecuencia, determinó que no correspondía el cobro.

El alcance del fallo, sin embargo, va más allá del caso puntual. Lo que el tribunal dejó en claro es que el convenio multilateral —el mecanismo que utilizan las provincias para repartirse la recaudación de Ingresos Brutos— no puede convertirse en una herramienta para ampliar la base imponible de manera discrecional. Su función es coordinar, no expandir la carga tributaria.

Esto tiene implicancias directas para múltiples actividades económicas que operan en más de una jurisdicción. Desde empresas industriales hasta productores agropecuarios, muchos enfrentan situaciones similares, donde distintas provincias intentan gravar una misma cadena productiva en distintos tramos.

En el fondo, la Corte está marcando un límite: no todo vale en la competencia fiscal entre provincias. Y, en ese sentido, aporta un elemento de previsibilidad en un sistema que suele carecer de ella.

Ahora bien, hay un problema que no puede pasarse por alto: los tiempos. Este caso llegó al máximo tribunal en 2006, a través de un pedido de declaración de certeza. La definición llegó casi dos décadas después. En un país donde las reglas cambian constantemente, esa demora erosiona cualquier intento de ordenar el sistema.

Si la Corte va a cumplir el rol de árbitro final en un esquema tan fragmentado, necesita algo más que buenos fallos: necesita velocidad. Porque de poco sirve fijar reglas claras si llegan cuando el escenario que buscaban ordenar ya cambió por completo.

Ahí está, tal vez, la clave. No se trata de si la Corte está a favor o en contra de un modelo, sino de si puede garantizar reglas estables en tiempo y forma. En una Argentina que discute permanentemente su rumbo, esa función no es menor. Es, probablemente, una de las pocas certezas posibles.