La Justicia de Estados Unidos suspendió las apelaciones en el juicio por YPF

La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las apelaciones vinculadas al juicio por la estatización de YPF, en una decisión que se enmarca en el último fallo favorable a la Argentina.

La medida implica dejar en suspenso los distintos recursos presentados en el caso hasta que la resolución quede firme, y se interpreta como un paso hacia la consolidación del fallo que dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar unos 16.000 millones de dólares.

En ese marco, el tribunal también canceló la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que se iban a tratar esas apelaciones. Entre ellas se encontraba la presentada por el Estado argentino contra una orden de la jueza Loretta Preska, que disponía la entrega de acciones de la compañía a los acreedores.

El exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, señaló que la decisión responde a la lógica del fallo reciente. “La Cámara de Nueva York sigue tomando las medidas derivadas de su decisión favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones hasta que ese fallo quede firme”, explicó.

Según Soler, aún restan dos instancias que podría intentar el fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio: un pedido de reconsideración ante el pleno de la Cámara (en banc) y un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, consideró que ambos caminos presentan dificultades.

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Días atrás, Burford solicitó extender hasta el 8 de mayo el plazo para revisar la decisión favorable a la Argentina. El pedido fue justificado por cuestiones profesionales y personales de su abogado principal, Paul Clement, que le impedirían preparar la presentación en el tiempo originalmente previsto.

Tras conocerse el fallo, el fondo calificó la decisión como “muy decepcionante” y sostuvo que representa un “abandono de los derechos de los accionistas minoritarios” de la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, advirtió que el litigio aún podría continuar por otras vías, como el arbitraje internacional bajo tratados de inversión.

El fallo favorable a la Argentina se apoyó, en términos generales, en que las leyes sancionadas por el Congreso prevalecen sobre el estatuto de YPF. La mayoría del tribunal consideró que, según la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima tienen un carácter organizativo interno y no constituyen contratos bilaterales exigibles entre el Estado y los accionistas privados.

Esta interpretación fue clave para descartar que la expropiación generara automáticamente una obligación contractual indemnizable.

A lo largo del proceso, Burford también había impulsado pedidos para declarar al país en desacato, reclamar la transferencia de acciones estatales en YPF y sostener la existencia de un “alter ego” entre la empresa, otras compañías y organismos públicos, y el Estado argentino.