Imperio del Ñoqui: todo marcha de acuerdo a lo planeado

De 170 personas que, según el intendente de La Calera, cobraban sin presentarse a trabajar, apenas tres fueron a reclamar cuando dejaron de recibir el pago. Los otros 167 no aparecieron. La escena deja una ironía amarga: demasiado tiempo duró.

Fernando Rambaldi contó que detectó esas ausencias entre contratados, becarios y monotributistas. Sobre una nómina de alrededor de 500 personas, la cifra equivale aproximadamente a un tercio. El intendente también informó que impulsa más de 30 denuncias penales contra exfuncionarios y responsables de gestiones anteriores.

Pero lo más revelador es el pacto de impunidad que, asegura, le ofrecieron: tranquilidad para gobernar a cambio de dejar todo como estaba. No investigar, no tocar intereses y reencontrarse en las próximas elecciones. Una paz política financiada por los vecinos.

¿Cómo llegamos a considerar normal algo así? El ñoqui se volvió un personaje del paisaje argentino. Un conocido, un amigo de alguien, una persona de la que se sabe que cobra sin trabajar. Lo comentamos, hacemos un chiste y seguimos. Esa tolerancia ayuda a que el mecanismo sobreviva.

El problema es moral, fiscal y económico. Cada peso destinado a una prestación inexistente sale del mismo presupuesto que debería financiar servicios. Y quienes administran esas estructuras tienen pocos incentivos para desarmarlas: perderían recursos, lealtades y capacidad de conservar el poder.

Confiar exclusivamente en que los propios beneficiarios del sistema lo corrijan parece demasiado optimista. Harían falta muchos funcionarios dispuestos a investigar, denunciar y soportar las consecuencias de hacerlo. Los casos que se conocen por una pelea, un accidente o un escándalo ajeno al empleo público obligan a preguntarse cuántos seguirían ocultos sin esa casualidad.

En Mendoza, el caso de Janina Ortiz muestra hasta dónde puede llegar la apropiación del Estado. La exsecretaria de Gobierno de Las Heras, esposa del exintendente Daniel Orozco, fue condenada por una causa vinculada con el desvío de fondos mediante una cooperativa que debía realizar trabajos que no se hicieron. La Cámara de Diputados la expulsó el 4 de noviembre, después de la condena que incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La maniobra permite entender por qué no alcanza con contar ausentes. También hay que seguir el dinero: quién lo cobra, quién lo administra y quién termina beneficiándose. En La Calera, que 167 personas no hayan reclamado es un dato llamativo, pero no prueba por sí solo cuál fue el recorrido de los fondos. Corresponde investigar si cobraban para sí o si sus nombres servían para canalizar pagos hacia otros destinatarios.

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En Córdoba capital, las denuncias en el ente Córdoba Obras y Servicios, el COyS, plantean preguntas similares. Su presidente, Santiago Pinsiroli, señaló irregularidades en el pago de horas extras y atribuyó al Surrbac la decisión sobre quiénes las percibían y en qué cantidad. A ese cuadro se suma el señalamiento de unos 300 trabajadores que no concurrirían a cumplir tareas.

¿Qué respaldo político recibe un funcionario que decide revisar semejante funcionamiento? Si la prioridad de las autoridades superiores es conservar la paz con el gremio, el control queda subordinado al acuerdo que debería examinar. El mensaje para quien denuncia resulta desalentador: investigar puede traer más problemas que dejar pasar.

Y todavía queda otra dimensión: la de quienes sí concurren, pero ocupan puestos sin tareas suficientes o con funciones superpuestas. El presidente de Aerolíneas Argentinas describió situaciones en las que había cuatro personas para un trabajo que podían realizar dos. Presentarse es una obligación elemental; organizar una dotación con tareas útiles también es responsabilidad de quien conduce.

La discusión toma otra urgencia cuando se intenta terminar con la inflación. El impuesto inflacionario ha permitido sostener gastos trasladando parte de su costo a quienes pierden poder de compra. Reducir esa fuente de financiamiento vuelve más visibles las cuentas y obliga a elegir qué se paga.

Eso ayuda a entender la escasa pasión de una parte de la dirigencia por ordenar de verdad el Estado. Cuando los recursos dejan de alcanzar, mantener gastos improductivos tiene consecuencias concretas: al intendente le falta dinero para reparar baches; a una universidad, para atender las cátedras con más alumnos. La estructura política preserva sus beneficios y el ciudadano recibe el deterioro del servicio.

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¿Cómo empezamos a cambiarlo? Una condición básica es poder conocer y comparar las dotaciones de todos los niveles estatales, incluidas las distintas modalidades de contratación. Cuántas personas cobran, qué tareas cumplen, dónde trabajan y bajo qué controles. La información dispersa o incompleta dificulta exigir responsabilidades.

También necesitamos discutir quién representa a los ciudadanos en el Congreso, las legislaturas y los concejos deliberantes. Hace falta una mayor presencia de personas con experiencia en el sector privado, que sostienen al Estado con sus impuestos y demandan sus servicios. Cuando los órganos de control quedan dominados por quienes construyeron su carrera dentro de las mismas estructuras que deben controlar, el conflicto de intereses resulta evidente.

Otra tarea es impedir que la estabilidad del empleado público se use como excusa para tolerar incumplimientos. El artículo 14 bis reconoce esa garantía y la Corte Suprema ha establecido que la separación exige causa justificada y debido proceso. Esa protección permite sancionar faltas acreditadas; no convierte cualquier cesantía en persecución ideológica.

Las asociaciones profesionales y las organizaciones ciudadanas pueden impulsar reclamos y, cuando corresponda, casos judiciales para exigir controles y responsabilidades. Hay herramientas institucionales. Falta una demanda social sostenida que obligue a utilizarlas.

Mientras aceptemos que investigar rompe la paz y que financiar lealtades forma parte del costo de gobernar, el imperio del ñoqui seguirá funcionando de acuerdo a lo planeado. El presupuesto continuará alimentando a quienes se apropiaron del Estado y la alternancia encontrará aparatos financiados por los mismos ciudadanos que intentan desplazarlos.

La república empieza a recuperarse cuando esa costumbre deja de ser tolerable.

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