Doble femicidio de Luna y Mariel: cuando las instituciones fallan

El doble femicidio de Luna y Mariel en el barrio Villa Serrana de Córdoba no es solo una tragedia; es un alarido que expone las grietas de un sistema judicial que, una vez más, no estuvo a la altura.

Luna hizo todo lo que se le pide a una víctima de violencia: denunció, confió en las instituciones, se puso en manos de la justicia. Sin embargo, esas mismas instituciones, en las que depositó su esperanza, no pudieron protegerla ni a ella ni a su madre, Mariel.

¿Cómo confiar en un sistema que falla en su deber más básico, el de proteger vidas?

La jueza María Victoria Jalil Manfroni, titular de la Unidad de Jueces N°2, explicó este miércoles a Cadena 3 cuáles fueron las medidas que tomó en el caso: un botón antipánico, una orden de restricción renovada sistemáticamente y la disposición de una tobillera que nunca se colocó porque Pablo Laurta, el femicida, no tenía domicilio en Córdoba ni en Argentina.

La jueza, con más de 4.000 expedientes al año, admitió que carecía de recursos para seguir cada caso de cerca. ¿Es suficiente esa explicación? ¿Es aceptable que un sistema judicial, con los recursos que maneja, aduzca falta de medios para justificar su ineficacia?

Laurta no era un desconocido para la Justicia. En octubre de 2023, fue denunciado tras pasar tres días escondido en un tejado, debajo de un tanque de agua, un hecho que ya mostraba su peligrosidad. Los vecinos, no la Justicia, salvaron a Luna en esa ocasión.

En enero de 2024, fue detenido por resistencia a la autoridad y pasó 30 días preso. Sin embargo, peritos del Poder Judicial de Córdoba, tras evaluarlo, concluyeron que "no era peligroso".

¿Cómo es posible que un hombre con antecedentes de acoso sistemático, que violó órdenes de restricción y que intentó ingresar al país con un arma ilegal, fuera considerado no peligroso? ¿Quiénes son esos peritos? ¿En base a qué criterios determinaron que Laurta no representaba un riesgo?

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El sistema falló en conectar los puntos. Las denuncias de Luna, las detenciones de Laurta, sus publicaciones en redes sociales que evidenciaban una obsesión, sus maniobras para eludir la Justicia con diferentes abogados y domicilios, incluso sus propias denuncias falsas contra Luna, todo estaba en el sistema.

Pero el sistema no habló consigo mismo. Fiscalías, juzgados y peritos trabajaron en compartimentos estancos, sin comunicación efectiva. Un dato clave, como el intento de Laurta de ingresar con un arma, estaba en un expediente, pero nadie lo relacionó con las denuncias previas. La burocracia del Poder Judicial, con su lentitud y descoordinación, se convirtió en un laberinto donde se perdió la vida de Luna y Mariel.

Decimos, y seguiremos diciendo, que hay que denunciar. Es el único camino que conocemos frente a la violencia de género. Pero, ¿Cómo sostener esa consigna cuando el sistema no responde? Luna se entregó a la justicia: tuvo un defensor oficial, confió en las instituciones, hizo todo lo que debía hacer. Y aun así, no le cuidaron ni a ella ni a su madre, dejando a Pedro, su hijo, sin su mamá ni su abuela.

La Justicia no solo falló en proteger a Luna y Mariel, falló en leer las señales de un psicópata narcisista cuya obsesión era evidente para todos menos para quienes debían verlo.

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No se trata solo de señalar a Laurta, el ejecutor del crimen. Hay que preguntarse por la responsabilidad de un sistema que permitió que un hombre con un historial alarmante circulara libremente. ¿Quiénes son los peritos que lo evaluaron? ¿Por qué no se cruzaron los datos entre fiscalías y juzgados? ¿Por qué no se priorizan recursos para casos de violencia de género, que son una emergencia nacional?

La Justicia no puede seguir escudándose en la falta de recursos o en la división de competencias. Hay sueldos altos en el Poder Judicial, pero parece que las prioridades están mal distribuidas.

El femicidio de Luna y Mariel no es un caso aislado, es un recordatorio brutal de que el sistema judicial necesita una reforma urgente. No basta con botones antipánico ni con órdenes de restricción si no hay un seguimiento efectivo, una comunicación fluida entre las partes del sistema y profesionales capacitados para identificar a un agresor como Laurta.

Seguiremos pidiéndole a las víctimas que denuncien, pero el sistema debe estar a la altura de esa confianza. Porque si no, ¿Quién le explica a Pedro por qué no cuidaron a su mamá y a su abuela? ¿Quién le asegura a la próxima Luna que su denuncia no se perderá en los laberintos de la burocracia? La Justicia debe respuestas. Y las debe ahora.

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