Sufrió una parálisis cerebral y podrían reducirle la terapia de rehabilitación

En medio de una creciente crisis que afecta a las personas con discapacidad en todo el país, Emilia Charra, madre de mellizos y kinesióloga, alzó su voz para visibilizar una realidad que golpea a familias, prestadores de servicios y transportistas.

Su hijo Felipe, de 6 años, sufrió un derrame cerebral a los 10 días de nacido, lo que le provocó una parálisis cerebral. Hoy, asiste a un centro educativo donde recibe rehabilitación, pero la amenaza de recortes en las terapias pone en riesgo su desarrollo y el de muchas otras personas con discapacidad.

Emilia, quien además dirige un centro de rehabilitación, vive la problemática desde ambos lados: como madre y como prestadora de servicios. "Estamos entre la espada y la pared", afirmó en una entrevista con Cadena 3.

"El sistema único de prestaciones se está destruyendo. Estoy con mi hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, motora y conductual, y a la vez soy prestadora, luchando con la bandera bien alta ante esta situación", precisó Emilia.

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La crisis del sistema de discapacidad en Argentina no es nueva, pero se agravó en los últimos meses. Según Emilia, las familias enfrentan un "duelo permanente" que se intensifica con las trabas burocráticas y los recortes en servicios esenciales.

"Nos están recortando terapias, no sabemos hasta cuándo tendremos un sistema educativo especial. ¿Quién nos va a ayudar con la asistencia de los niños? ¿Quién va a brindar los transportes?", cuestionó.

En algunos centros, ya se redujeron prestaciones como kinesiología, fonoaudiología y psicopedagogía, porque los aranceles atrasados y la precarización de los prestadores hacen que los tratamientos no sean sostenibles. "Los prestadores están negociando con las familias, diciendo 'no puedo hacer el tratamiento porque no es redituable'", explicó a Cadena 3.

El sistema de discapacidad depende en gran medida de fondos nacionales, regulados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la falta de actualización de los aranceles –la última fue de un 5% en septiembre de 2024– y los retrasos en los pagos, que pueden demorar hasta 120 días por cuestiones burocráticas, agravan la situación. "Si una obra social no acepta la facturación por un error mínimo, como olvidar un punto, el pago se demora aún más", detalló Emilia.

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La entrevistada también expresó su indignación ante la indiferencia del sector político. Mientras en el Congreso se discuten temas como el aumento de dietas o cargos en la Auditoría General de la Nación, la emergencia en discapacidad no logra el quórum necesario. "La impotencia y la bronca son enormes. Vivimos un día a día difícil, pero cuando llega la noche y nos preguntamos qué vamos a hacer mañana, es terrible", confesó.

Emilia también señaló un problema estructural: durante décadas, los recursos destinados a la discapacidad fueron manipulados con fines políticos, desviándose hacia personas que no los necesitaban. "Es espantoso. Hay una minoría que provoca un daño terrible, porque son fondos que deberían llegar a quienes realmente los necesitan", afirmó.

A pesar de las movilizaciones y reclamos, que incluyen proyectos de ley de emergencia con dictamen, la amenaza de veto presidencial –bajo el argumento del déficit cero– pone en riesgo cualquier avance.

"Nos estamos resignando, nos empezamos a conformar con cada vez menos", lamentó Emilia, quien empatiza tanto con las familias como con los profesionales.

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Entrevista de Miguel Clariá.