Discapacidad: el sistema de atención, al borde del colapso

La situación de las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten en Córdoba atraviesa una crisis sin precedentes, según alertó el licenciado Marcos Obregón, integrante de un centro de día en Unquillo y parte de Converger, una organización que agrupa a cerca de 50 instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad en la provincia.

En diálogo con Cadena 3, Obregón expuso la gravedad de un sistema al borde del colapso, mientras la Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles un proyecto de ley de emergencia que busca actualizar el nomenclador y las prestaciones en salud, educación y transporte para este sector.

El sistema de atención a la discapacidad enfrenta un doble desafío: por un lado, la demora en las auditorías para otorgar pensiones y subsidios, con 500.000 solicitudes pendientes a nivel nacional; por otro, la crisis económica que afecta a los prestadores, quienes luchan por mantener sus servicios ante aranceles desactualizados.

Obregón destacó que, si bien las auditorías son necesarias tras décadas de asignaciones fraudulentas de pensiones, el proceso actual es "desordenado e indigno".

"Se convoca a miles de personas al mismo lugar, a la misma hora, sin considerar su estado. Hay gente con respiradores, con graves dificultades para movilizarse, que debe hacer horas de cola. Otros no tienen cómo llegar y dependen de ambulancias municipales", explicó Obregón.

Añadió que los certificados de discapacidad especifican el grado y las características de cada persona, información que podría usarse para realizar auditorías domiciliarias en casos de movilidad reducida. "Se está actuando como si todos fueran culpables hasta que demuestren lo contrario y eso quita dignidad a las personas con discapacidades reales", afirmó.

En cuanto a los prestadores, la situación es igualmente crítica. Obregón detalló que los aranceles del nomenclador no cubren los costos operativos, que incluyen requisitos edilicios, equipos profesionales y estándares de funcionamiento auditados.

"Hoy, el costo de mantener una institución está por encima de lo que paga el nomenclador. Hay instituciones con deudas multimillonarias con AFIP o ARCA porque no pueden cubrir aportes, contribuciones ni gastos diarios", señaló. Según un informe de IDESA, la pérdida de ingresos de los prestadores, en relación con la inflación y el aumento del costo de vida, generó una crisis que solo se sostiene por la vocación de las instituciones.

La expectativa de Converger está puesta en el proyecto de ley que se debatirá en Diputados, que busca recomponer los aranceles para aliviar la situación de los prestadores. "Esperamos que el Gobierno dé un giro para enderezar esto. Las instituciones no han cerrado por puro compromiso, pero no sabemos cuánto más podrán resistir", advirtió Obregón.

El licenciado también llamó a la sociedad a comprender la magnitud de la crisis, que afecta no solo a las personas con discapacidad y sus familias, sino también a un sistema que lleva 27 años funcionando y que hoy enfrenta su peor momento. "Estamos difundiendo la gravedad de la situación para que las familias, las personas con discapacidad y la población en general nos acompañen en este reclamo. Es una crisis sin precedentes, y necesitamos soluciones urgentes", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.