Discapacidad: Apridis pidió que se restituyan pensiones quitadas en auditorías

Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) expresaron la profunda preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad, en medio de auditorías gubernamentales, suspensiones de pensiones y denuncias de irregularidades. 

Julieta Cola, representante de esta organización que nuclea a centros de la provincia de Santa Fe dedicados al acompañamiento de personas con discapacidad, destacó la necesidad urgente de revisar las medidas actuales y garantizar los derechos de las personas más vulnerables.

"Apridis es una asociación que nuclea a distintos centros de la provincia de Santa Fe que brindan servicio y acompañamiento a las personas con discapacidad", explicó Cola en diálogo con Cadena 3. 

La organización, al igual que otras en provincias como Córdoba y Mendoza, se encuentra en alerta por las consecuencias de las recientes auditorías a las pensiones por discapacidad, que dejaron a muchas personas en situación de extrema vulnerabilidad sin el beneficio que les corresponde.

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Consultada sobre los casos de beneficios otorgados de manera indebida, Cola señaló: "En relación a personas que hayan recibido el beneficio y no les corresponda, la verdad que yo desconozco. Sí puedo hablar de las personas con las que nosotros trabajamos, que son personas en situación muy vulnerable y que, en el recorrido de su vida, han podido adquirir este beneficio que el Estado les otorgaba a través de la pensión". Para estas personas, destacó, la pensión no solo representa una ayuda económica, aunque pequeña, sino también un acceso esencial a tratamientos y recursos que mejoran su calidad de vida. "Es un beneficio social que el Estado les brinda para que puedan acceder a lo que necesitan", afirmó.

Julieta también se refirió a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad durante los procesos de auditoría, especialmente aquellas con bajos recursos cognitivos o en contextos de vulnerabilidad. "Nosotros hemos acompañado a estas personas para que puedan cumplir con los pedidos de documentación, que en muchos casos son muy complejos", explicó. 

Sin embargo, el impacto de las suspensiones masivas de pensiones –más de 65 mil, según datos recientes– fue devastador para quienes dependen de este apoyo. "Hay personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad extrema, con discapacidades absolutamente comprobadas, y han caído en la volteada de estas primeras auditorías", lamentó.

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Ante este panorama, Apridis reclamó dos medidas urgentes: en primer lugar, que la Justicia intervenga para esclarecer las denuncias de irregularidades, como las relacionadas con los audios de Diego Spagnuolo que circularon recientemente; y, en segundo lugar, que las auditorías se suspendan temporalmente hasta que el proceso pueda ordenarse de manera justa.

"Estamos solicitando a los funcionarios del Gobierno que se revea esta medida y que las pensiones suspendidas puedan reintegrarse, porque es una necesidad imperiosa", subrayó Cola.

La integrante de Apridis enfatizó que la pensión por discapacidad trasciende lo económico. "No es solo la ayuda económica o la posibilidad de acceder a un tratamiento, sino que genera en la persona un marco de legalidad donde sostenerse emocionalmente. Es como estar indocumentado o no estarlo; dentro de la ley, les permite tener ciertos amparos, ciertos bastones donde sostenerse. Tiene que ver con la dignidad de la persona".

En un contexto donde se reconoce que el número de beneficiarios de pensiones por discapacidad creció desproporcionadamente en los últimos años –de una décima parte hace una década a 1.961.000 personas con certificado de discapacidad hoy–, Cola insistió en la importancia de proteger a las verdaderas víctimas de este sistema. "No estamos en contra de que se audite, pero pedimos que se haga de manera ordenada y que no se castigue a quienes realmente necesitan este apoyo", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.