Justicia y Seguridad
05/06/2026 | 07:15
Redacción Cadena 3 Rosario
En octubre de 2018, el entonces fiscal regional Patricio Serjal, su mano derecha Gustavo Ponce Asahad y un grupo de senadores encabezados por Armando Traferri posaban sonrientes en la foto oficial que ilustra esta nota y que, con el paso de los años, se transformó en símbolo de una relación política y judicial que hoy está bajo la lupa.
Los primeros dos ya fueron condenados. El tercero libra una batalla sostenida para evitar llegar a juicio. Pero en junio de 2026, ocho años después de aquella imagen, parte de ese futuro se juega en la Cámara Penal de Rosario, donde un tribunal revisa la condena contra Serjal y debe definir si la confirma o si ordena su inmediata libertad.
El debate, reservado y atravesado por fuertes tensiones internas, ingresó en horas decisivas. La expectativa es enorme porque el fallo impactará de lleno en la situación de Armando Traferri, señalado por el Ministerio Público de la Acusación como jefe de una asociación ilícita dedicada a maniobras de corrupción judicial, política y policial.
Pero alrededor de la definición también crece un mar de versiones que atraviesa los pasillos de los viejos Tribunales de Rosario. Entre ellas, que está sobre la mesa la postura de anular la condena a Serjal y ordenar un nuevo juicio, confirmar parcialmente sin la figura de la asociación ilícita —y bajar la pena— o confirmar totalmente. En cualquiera de los casos, pareciera asomar un fallo dividido.
Pero más allá de las versiones y especulaciones, hay cuestiones verificables y objetivas que pueden poner en crisis la resolución. Una es que el Tribunal podría resolver una cuestión de fondo mientras todavía sigue abierto el debate sobre la recusación de uno de sus integrantes, Javier Beltramone, quien integra la sala junto a Carolina Hernández e Ismael Manfrín.
En marzo, los integrantes del MPA recusaron a Beltramone tras la aparición de elementos vinculados al análisis del celular secuestrado a Fernando Moschini, un abogado de Casilda allanado años atrás bajo sospecha de haber filtrado un acuerdo abreviado de la causa con el objetivo de frustrarlo. Eran conversaciones de extrema cercanía y confianza.
El magistrado rechazó apartarse en muy duros términos contra los acusadores, pero especialmente bajo el argumento de que el letrado no era parte del proceso. Finalmente, Moschini fue imputado este jueves. Es decir, el juez ahora sí va a resolver con Moschini formalmente implicado.
Antes de la nueva imputación al abogado, los fiscales presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el rechazo al apartamiento del camarista. Si ese planteo es concedido, deberá resolver la Corte Suprema de Santa Fe. Y si es rechazado, igualmente podría llegar al máximo tribunal mediante un recurso de queja.
Las versiones que circulan en Tribunales no constituyen afirmaciones ni valoraciones del medio o del periodista, sino el reflejo de un clima de extrema tensión alrededor de una resolución con consecuencias institucionales profundas.
Serjal, ex jefe de los fiscales de Rosario, fue condenado a nueve años de prisión y permanece detenido desde noviembre pasado, tras el fallo dictado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese.
Ahora, en la etapa de apelación impulsada por los abogados Ignacio Carbone y Renzo Biga —con intervenciones también de Gustavo Feldman en algunos aspectos de la defensa—, la revisión quedó en manos de Beltramone, Hernández y Manfrín.
Uno de los ejes del planteo defensivo gira sobre las reiteradas menciones a Traferri en los fundamentos de la condena. Como el nombre del senador aparece más de un centenar de veces en la sentencia, su defensa pidió la nulidad al sostener que fue "juzgado en ausencia".
Pero alrededor de ese argumento aparece una objeción evidente: los tiempos procesales de Serjal y Traferri fueron distintos porque el senador pasó cuatro años amparado en sus fueros parlamentarios antes de someterse al proceso penal.
Para los fiscales, si no hubiese contado con inmunidad legislativa, habría estado detenido desde el inicio de la investigación, ya que siempre fue señalado como jefe de la organización.
Por eso, en sectores judiciales existe preocupación ante la posibilidad de que se utilicen tecnicismos procesales para desarmar una condena de enorme impacto institucional.
El planteo que sobrevuela es incómodo: si se anula un juicio porque un acusado no estuvo presente mientras permanecía protegido por fueros, ¿qué ocurriría en causas complejas con prófugos o integrantes de organizaciones criminales que deliberadamente evitan comparecer?
Otro de los puntos sensibles es la utilización de la figura del arrepentido.
En la investigación fueron claves las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti y del policía Alejandro "Pipi" Torresi.
Todos acordaron con la Fiscalía, cumplieron las condiciones impuestas y sus acuerdos fueron homologados judicialmente. Ya no tienen cuentas pendientes con la Justicia.
Por eso, en el entorno del caso hay inquietud ante la posibilidad de que se cuestione ahora, ocho años después, la validez de esas herramientas investigativas.
Los arrepentidos son mecanismos previstos por ley y utilizados en causas de corrupción y crimen organizado tanto en Argentina como en otros países.
Incluso forman parte de expedientes nacionales de alto impacto, como la causa de los Cuadernos, o la reciente declaración en el ámbito federal del contador Gabriel Mizzau contra el ex juez Marcelo Bailaque.
En ese contexto, dentro de Tribunales también surge otra pregunta de fondo: si jueces de primera instancia, camaristas y hasta tribunales superiores ya controlaron durante años la legalidad de esos acuerdos, ¿hasta dónde puede revisarse el sistema sin afectar la capacidad del Estado para investigar estructuras complejas de corrupción?
Una cuestión adicional y abierta: al igual que sus antecesores en el caso, los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro fueron denunciados recientemente por el abogado Víctor Corvalán por una supuesta extorsión para que un abogado declare como arrepentido contra el senador Traferri.
Los mails y documentos están bajo análisis de la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación.
Serjal fue condenado a nueve años de prisión, pero uno de los aspectos que marcó la investigación fue la opacidad de sus maniobras y las sospechas de encubrimiento.
En plena pandemia, durante una audiencia virtual, quedó grabado un estallido del fiscal Luis Schiappa Pietra que todavía resuena:
"Todos los teléfonos borrados. Él y su amigote Ponce Asahad. Vergüenza".
Según la acusación, Serjal reseteaba permanentemente su WhatsApp y "limpió" a cero el contenido de su celular antes de un allanamiento que consideraba inminente.
Por eso, en medio del debate judicial, también aparece otra preocupación: que una búsqueda extrema de tecnicismos termine beneficiando justamente a quienes desplegaron conductas destinadas a borrar rastros y obstaculizar la investigación.
La causa también dejó expuesta la transversalidad de los vínculos entre sectores políticos, judiciales y empresariales.
Mientras Serjal eliminaba información de su teléfono, el celular del ex titular de AFIP Rosario Carlos Vaudagna aportó más de 15 mil mensajes que comprometieron a jueces federales, empresarios y distintos intermediarios.
En esas conversaciones aparecieron referencias a encuentros con Serjal, cenas compartidas y gestiones posibles gracias al poder construido alrededor del entonces jefe de fiscales.
"Se puede pedir algo", escribió uno de los interlocutores en un mensaje. Era la reputación que tenía el ex fiscal.
La trama mostró una estructura de relaciones que excedía ampliamente el juego y que alcanzaba tanto al ámbito provincial como al federal.
Todo ocurrió durante los años más violentos de Rosario. Mientras la ciudad quedaba atrapada entre asesinatos, balaceras y narcotráfico, el jefe de los fiscales encargado de perseguir el delito terminó condenado por corrupción.
Por eso, detrás de la resolución que se avecina no sólo se discute la situación de Serjal o el futuro de Traferri. También se pone en juego qué mensaje institucional dejará la Justicia frente a una de las etapas más oscuras de Rosario.
Con información de Hernán Funes.
¿Qué ocurrió en octubre de 2018? En octubre de 2018, el fiscal regional Patricio Serjal y otros funcionarios se fotografiaron juntos, simbolizando una relación política y judicial que hoy está bajo investigación.
¿Quiénes están involucrados en el caso? Los involucrados son Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad, Armando Traferri y varios fiscales y jueces de la Cámara Penal de Rosario.
¿Cuándo se revisará la condena de Serjal? La revisión de la condena de Serjal se llevará a cabo en junio de 2026 en la Cámara Penal de Rosario.
¿Dónde se lleva a cabo el juicio? El juicio y la revisión de la condena se realizan en los Tribunales de Rosario.
¿Por qué es relevante este caso? Es relevante porque el fallo afectará la situación de Armando Traferri y puede tener profundas consecuencias institucionales en el sistema judicial.
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