Sin acuerdo en el oficialismo, se cayó el tratamiento de las reformas de seguridad en Santa Fe

El paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobierno de Santa Fe quedó fuera del temario de este jueves en la Legislatura provincial, luego de que las negociaciones no lograran reunir los acuerdos necesarios para emitir dictamen. La iniciativa tenía preferencia para su tratamiento, pero las diferencias dentro del oficialismo y con la oposición impidieron avanzar. Ahora, los legisladores evalúan si vuelve a discutirse el 5 de noviembre o si pasa a la sesión del 19.

El diputado Emiliano Peralta, del bloque Somos Vida, confirmó la postergación en declaraciones recabadas por Cadena 3 y señaló que no se alcanzó un consenso dentro del interbloque Unidos ni con las demás fuerzas políticas. “En el día de hoy, pese a que el proyecto tenía una preferencia acordada para su tratamiento, no hay dictamen, no se ha logrado ningún consenso dentro del interbloque Unidos ni tampoco con la oposición”, afirmó.

Peralta explicó que su bloque ya había anticipado su rechazo al mensaje original del Ejecutivo, aunque estaba dispuesto a respaldar una versión con modificaciones. “Nosotros ya adelantamos, hicimos un documento por escrito que se lo entregamos al interbloque Unido, que dijimos que el mensaje del Ejecutivo, así como estaba, no lo íbamos a aprobar”, sostuvo.

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Sin embargo, indicó que el miércoles circuló un borrador con cambios que contemplaban parte de las objeciones planteadas por su espacio. “Nosotros sí estamos dispuestos a aprobar en general con alguna votación negativa en particular”, explicó. Según señaló, ese texto finalmente no consiguió el consenso necesario dentro de Unidos.

Entre los puntos cuestionados por Somos Vida figuraba el procedimiento por decreto penal, que Peralta consideró incompatible con las exigencias constitucionales. También mencionó las disposiciones sobre zonas de intervención especial de la Policía y el procedimiento para resolver el estado de antijuridicidad, vinculado con medidas como el derribo de búnkeres de drogas. Sobre este último aspecto, planteó que las decisiones debían ser tomadas por un tribunal a pedido del fiscal, y no quedar exclusivamente en manos del Ministerio Público.

Otro de los temas discutidos fue la posibilidad de realizar juicios en rebeldía. Peralta aclaró que su bloque no rechazaba incorporar ese mecanismo, pero proponía limitarlo a delitos especialmente complejos o graves. Según indicó, esa modificación estaba contemplada en el borrador que había circulado.

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El legislador evitó atribuir las diferencias internas a un sector específico del oficialismo, aunque lamentó que no se hubiera avanzado con el texto modificado. “Para nosotros una lástima porque teníamos toda la voluntad de acompañar”, afirmó. Mientras tanto, señaló que la definición de una nueva fecha dependerá de las conversaciones entre los jefes de bloque.

Desde el peronismo, la diputada Lucila De Ponti también vinculó la postergación con la falta de acuerdo dentro del oficialismo, pero cuestionó de manera directa el contenido de la reforma. “No hay acuerdo en el oficialismo por el nivel de tensión que genera la gravedad de las disposiciones que están incluidas en esta ley”, sostuvo.

La legisladora afirmó que, a su entender, varios artículos son inconstitucionales y podrían ser impugnados ante distintos tribunales. “Son inconstitucionales, no pasan un control de convencionalidad, van a ser llevados a los tribunales internacionales, a la Corte Suprema de Justicia de la provincia y de la Nación”, advirtió.

De Ponti cuestionó además que, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra las organizaciones delictivas, la reforma pueda afectar derechos y garantías. “La excusa de necesitar más herramientas para endurecer la acción policial no puede ser un camino para desproteger y para vulnerar los derechos de las personas”, afirmó.

En respuesta a los argumentos del Ejecutivo, la diputada recordó que el propio gobierno provincial destacó una reducción de los índices de violencia desde el inicio de la gestión de Pullaro. “Si esto es cierto, entonces quiere decir que las herramientas que existen funcionan y que hay que persistir en el uso de estas herramientas de seguridad”, señaló.

También cuestionó la posibilidad de ampliar las atribuciones policiales sin modificar los mecanismos de control. “Me parece que darle más atribuciones a la Policía hoy por hoy no es el camino que hay que seguir”, expresó.

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Las declaraciones se producen después de que el gobernador Maximiliano Pullaro reclamara celeridad para avanzar con las reformas y cuestionara las resistencias al proyecto. Sin embargo, las diferencias entre los bloques y la falta de consenso dentro de Unidos impidieron que la iniciativa llegara al recinto con dictamen.

Por el momento, los legisladores continúan las conversaciones para definir cuándo se retomará el debate. Mientras tanto, la sesión de este jueves seguirá con otros asuntos del temario que sí obtuvieron dictamen, entre ellos un proyecto vinculado con el mercado irregular de teléfonos celulares usados y modificaciones a la ley del sistema de defensa pública provincial.

Informe de Emiliano Guardia.