Unicameral paralizada: el oficialismo condiciona el funcionamiento al apartamiento de Ferrero

La Legislatura de Córdoba está prácticamente paralizada. El oficialismo, con mayoría suficiente, exige el apartamiento o la licencia de la legisladora radical Alejandra Ferrero como condición para retomar la actividad. Mientras tanto, no hay quórum y las sesiones no se realizan.

El legislador Gregorio Hernández Maqueda, del espacio Mejor Futuro, junto a Patricia Bote y Gerardo Grosso, amplió una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) contra lo que calificó como “el régimen de Llaryora” por “atropello institucional”.

“Hay dos características propias de los regímenes autoritarios que son incompatibles con una república democrática”, afirmó Hernández Maqueda. La primera, dijo, es el ataque al Poder Legislativo, “el único de todos los poderes que tiene una representación de todo el espectro político ideológico y fundamentalmente de las minorías políticas”.

La segunda, explicó, es pretender elegir a los líderes de la oposición: “Quiénes pueden renunciar, quiénes no deben renunciar, quiénes pueden ser electos jefes de bloque”.

Extorsión y bloqueo

Según el legislador, el oficialismo planteó “una doble extorsión”: o se paraliza el Poder Legislativo porque no dan quórum, o renuncia la legisladora Ferrero, una representante electa por el pueblo.

“Es un escenario de extrema gravedad institucional”, sostuvo, y por eso recurrieron tanto a la OEA como al Gobierno nacional, “quien debe velar, según la Constitución Nacional, por el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas al interior del país”.

El oficialismo, por su parte, ha dejado en claro que no habrá diálogo ni se retomará la actividad legislativa hasta que Ferrero firme su pedido de licencia. La legisladora radical ya hizo saber que no lo hará.

Cinco sesiones y vacaciones

La última sesión ordinaria completa se realizó el 3 de septiembre. De los aproximadamente 70 días que restan hasta fin de año, quedarían apenas cinco sesiones posibles, a las que se sumarían luego 30 días de vacaciones para legisladores y empleados.

Hernández Maqueda calificó la situación de “una vergüenza” y comparó el bloqueo con lo que ocurriría si se impidiera al gobernador dictar decretos o a los jueces del Tribunal Superior de Justicia reunirse: “Nos estarían lapidando en la Plaza San Martín y nos estarían acusando correctamente de golpistas”.

Agenda pendiente

Entre los temas que la oposición no puede tratar figuran la recuperación de haberes jubilatorios, una ley de extinción de dominio, la situación de los afiliados del APROS, citaciones al ministro Quintero por casos de corrupción en la Policía Caminera y bomberos, y el impuesto inmobiliario rural y urbano.

“Él lo que está planteando es: quiero gobernar solo, quiero gobernar como un autócrata”, sentenció Hernández Maqueda sobre el gobernador Martín Llaryora. Y advirtió que es “muy grave” que esto ocurra en la segunda provincia más poblada del país, con una tradición legislativa que, según dijo, se ha deteriorado gravemente en el último período.

Entrevista de Radioinforme 3.