DERECHOS HUMANOS
22/03/2026 | 14:55
Redacción Cadena 3 Rosario
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará el próximo miércoles 25 de marzo la apertura de sobres con ofertas para ejecutar obras en la Quinta de Funes, ubicada en el departamento Rosario, con el objetivo de transformarla en un Espacio de la Memoria.
El acto se llevará a cabo desde las 11 en la Sede de Gobierno en Rosario. La intervención cuenta con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días.
El proyecto prevé la refacción, conservación y puesta en valor integral del predio, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. La iniciativa apunta a consolidar el lugar como un espacio destinado a la construcción y transmisión de la memoria colectiva.
En ese marco, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, indicó que la obra permitirá recuperar un sitio que no había sido intervenido en los últimos años y avanzar en su utilización como ámbito de reflexión, producción cultural y promoción de derechos.
Los trabajos contemplan el cerramiento perimetral del predio, la instalación de iluminación mediante torres internas y la construcción de un núcleo de servicios que incluirá baños, oficinas y depósito en el sector sur del galpón existente. También se prevé la ejecución de solados perimetrales y de acceso, junto con un nuevo piso de hormigón en el interior del galpón.
La Quinta de Funes está ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 9 y Diagonal San José, y formó parte del circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, que abarcó varias provincias del litoral y norte argentino.
De acuerdo con registros del Archivo Nacional de la Memoria y causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978 el lugar fue utilizado por el Destacamento de Inteligencia 121 para el secuestro y detención ilegal de personas perseguidas por motivos políticos.
En 2016, el predio fue señalizado como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y posteriormente expropiado mediante la Ley provincial Nº 13.530, con el fin de destinarlo a actividades vinculadas a la memoria y la difusión de los derechos humanos.
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