Santa Fe: Justicia Federal investiga posible trata y explotación de adultos mayores

La Justicia Federal de Santa Fe investiga una posible red de trata de personas y explotación de adultos mayores en el barrio Nuevo Horizonte, a partir de una denuncia que apunta al presunto sometimiento económico y a la pérdida de autonomía de personas en situación de vulnerabilidad.

La presentación judicial fue realizada a fines de agosto y se vincula con la investigación originada tras el incendio ocurrido en un establecimiento que funcionaba de manera clandestina en calle Gollán al 11000. El expediente plantea que detrás de la actividad irregular podría existir un mecanismo organizado de captación, alojamiento y explotación de personas mayores, con posibles responsabilidades que excederían a quienes administraban directamente el lugar.

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El caso también abrió un frente de investigación dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde la Auditoría General analiza la actuación de funcionarios y fiscales que habían intervenido previamente. La revisión apunta, entre otros aspectos, a determinar qué ocurrió con denuncias y advertencias formuladas antes del incendio.

La investigación federal incorpora como antecedente un criterio judicial aplicado en una causa por explotación de adultos mayores en el barrio porteño de Mataderos. Ese precedente contempla que el sometimiento económico y la privación de autonomía de personas especialmente vulnerables pueden constituir mecanismos de explotación compatibles con la figura penal de trata, aun cuando no exista un encierro físico convencional.

En el expediente santafesino se describiría un esquema en el que personas mayores, enfermas o con dificultades para desenvolverse por sus propios medios quedaban bajo el control de terceros. Entre los elementos que forman parte de la denuncia aparecen la entrega de documentación personal, tarjetas bancarias y claves, además de la administración de haberes y pensiones.

Las actuaciones también reúnen señalamientos sobre las condiciones en las que se encontraban algunos residentes. Se mencionan situaciones de abandono, falta de atención médica, interrupción de tratamientos y medicamentos, problemas de alimentación y presuntos episodios de violencia física y psicológica.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es determinar si esas situaciones respondían a hechos aislados o si formaban parte de un mecanismo sostenido de aprovechamiento de la vulnerabilidad de los residentes y de sus recursos económicos.

A partir de la denuncia, la investigación también busca establecer si existieron vínculos o eventuales responsabilidades de agentes estatales. En ese sentido, se incorporaron elementos que apuntan a una posible intervención de funcionarios y dependencias públicas en el traslado de personas hacia establecimientos que no contaban con las habilitaciones correspondientes.

En el ámbito provincial, la causa que se inició a partir del incendio tuvo modificaciones en su conducción. Los fiscales Manuel Cecchini y Roberto Olcese fueron apartados por decisión del fiscal regional Jorge Nessier y las actuaciones quedaron posteriormente a cargo del fiscal Marcelo Nessier. En paralelo, la Auditoría General del MPA analiza el desempeño de los funcionarios que tuvieron intervención en las actuaciones previas.

La investigación federal y la revisión interna del Ministerio Público avanzan así sobre distintos aspectos de un caso que comenzó a partir del funcionamiento irregular de un establecimiento y que ahora pone bajo análisis la posible existencia de una estructura de explotación de adultos mayores, así como las eventuales responsabilidades de particulares y agentes estatales.