Condenan a familia gitana por trata de personas y matrimonio forzoso de una adolescente

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- Una familia gitana fue condenada a diez años de prisión en San Juan por captar, trasladar y explotar a una adolescente desde que tenía 13 años, además de obligarla a casarse con el hijo del matrimonio.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas contra Isabel y Alberto Cristo y su hijo Franco, que sometieron a la joven a un matrimonio infantil y forzoso, y rechazó el argumento de la defensa que invocó las costumbres de la comunidad gitana para justificar los hechos, tal como indicó el Ministerio Público Fiscal.

La adolescente fue captada en Neuquén mediante el pago de $825 mil a sus padres y, entre marzo y abril de 2022, fue obligada a unirse con Franco Cristo, que tenía 20 años. Luego fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024 y fue sometida a explotación sexual, doméstica y laboral.

Durante ese período, según se estableció en la causa, la joven fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada. También era obligada a realizar venta ambulante y las tareas domésticas de la familia, mientras que debía entregarles todo el dinero que obtenía bajo la amenaza de quedarse sin comida ni recursos.

En diciembre de 2024, la adolescente regresó a San Juan junto a Franco y el hijo que ambos tenían y comenzó a vivir con su familia de origen. Sin embargo, en abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo llegaron a la provincia y aprovecharon una distracción para obligarla a subir a una camioneta con la intención de llevarla nuevamente a Santa Fe.

La joven intentó escapar durante una detención del vehículo en Caucete, pero Isabel Cristo la alcanzó y la obligó a subir nuevamente. El episodio fue denunciado al 911 por una persona que se encontraba en una estación de servicio y quedó registrado por las cámaras del sistema de emergencias. Poco después, efectivos de la Unidad Rural N° 1 detuvieron el vehículo y rescataron a la adolescente y a su hijo.

En mayo, el Tribunal Oral Federal de San Juan había condenado a los tres acusados a diez años de prisión y establecido una reparación económica de $75 millones para la víctima. La Cámara de Casación, con el voto del juez Daniel Petrone, confirmó ahora las condenas al considerar que existieron múltiples pruebas que corroboraron el relato de la joven, entre ellas su declaración en Cámara Gesell, testimonios profesionales, una llamada al 911 y registros oficiales.

Petrone sostuvo además que el matrimonio celebrado bajo ritos de la comunidad gitana constituyó un "matrimonio infantil y forzoso" y remarcó que, por su edad y situación de vulnerabilidad, la adolescente no podía prestar un consentimiento válido. En ese sentido, afirmó que la pertenencia de los acusados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres "no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal".