Sancionaron a fiscal por un caso de violencia de género: apelará en la Justicia

La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves la suspensión por tres meses sin goce de sueldo de la fiscal María Verónica Ballari, quien se desempeñaba en el área de Violencia de Género de Rosario. La sanción está vinculada a su actuación en la causa de Ailén Oggero, la enfermera de 32 años que había denunciado a su expareja por hechos de violencia y que posteriormente fue asesinada a balazos cuando se dirigía a trabajar al Hospital Centenario.

Tras conocerse la decisión, Ballari cuestionó duramente la medida y sostuvo que “la sanción demuestra una vez más que los fiscales no pueden estar bajo control político”. Además, rechazó las acusaciones en su contra al afirmar que “responsabilizan a una fiscal por un femicidio que no ocurrió, porque está demostrado que la expareja de Ailén Oggero no fue quien la mató”.

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En la misma línea, su abogado defensor, Gustavo Franceschetti, confirmó que recurrirá la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Este es un supuesto muy claro de responsabilidad objetiva”, argumentó el letrado al cuestionar los fundamentos de la sanción.

Horas antes de la sesión legislativa, el diputado provincial socialista Leo Calaianov, quien actuó como acusador en el expediente, había anticipado en declaraciones a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario que existían los votos necesarios para aprobar la medida. “Es un hecho. Lo vamos a votar hoy a las 14 horas en la Legislatura de la provincia”, había afirmado.

Según explicó el legislador, la investigación detectó demoras e irregularidades en distintas actuaciones de la funcionaria judicial, aunque señaló que el aspecto más grave estaba relacionado con la intervención de la Fiscalía en el caso Oggero.

Calaianov sostuvo que existían elementos suficientes para avanzar judicialmente contra la expareja de la víctima, identificado como Omill, mucho antes de que se produjera el crimen. “La imputación que se realizó en febrero, dos días después del homicidio de Ailén, tomó el mismo modelo que estaba redactado en diciembre. Con ese modelo que ya estaba escrito se hubiese podido imputar a Omill y también detenerlo”, afirmó.

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La acusación legislativa remarcó que las denuncias previas de Oggero describían episodios de extrema gravedad. Entre ellos, mencionó un hecho ocurrido el 27 de noviembre de 2024, cuando la mujer habría sido golpeada, subida por la fuerza a un vehículo y privada de su libertad durante aproximadamente dos horas. Además, durante un allanamiento realizado en la investigación se secuestró un arma de fuego que se encontraba bajo control del acusado.

“Lo que vemos es una falta de proactividad por parte de la Fiscalía para impulsar las investigaciones y tomar las medidas necesarias para poder proteger a Ailén”, sostuvo Calaianov. Asimismo, indicó que Omill registraba antecedentes por denuncias de violencia de género presentadas años atrás.

La sanción aprobada por la Legislatura abre ahora una nueva etapa judicial, ya que la defensa de Ballari anunció que agotará todas las instancias de apelación disponibles, mientras continúa la controversia sobre las responsabilidades institucionales en uno de los casos que más conmoción generó en Rosario durante el último año.