Piden perpetua para seis de los acusados por el crimen de Jimi Altamirano y otros homicidios

El juicio oral contra ocho acusados por presuntos homicidios, amenazas, ataques armados y asociación ilícita comenzó este martes 13 de octubre en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La causa investiga una serie de hechos violentos ocurridos entre 2021 y 2023, vinculados con una disputa por el control territorial y de negocios ilegales en la zona oeste de la ciudad.

El tribunal está integrado por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic. Los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, llevan adelante la acusación y solicitaron penas de prisión perpetua para seis de los imputados. Para los otros dos, acusados de asociación ilícita, pidieron cuatro años y seis meses de prisión para cada uno.

Entre los hechos investigados se encuentra el homicidio de Lorenzo Altamirano, ocurrido el 1 de febrero de 2023 frente al ingreso del estadio de fútbol ubicado en avenida Morcillo al 2000, en Rosario. Según la acusación, la víctima fue secuestrada por varias personas que la trasladaron en un Renault Sandero y luego le efectuaron tres disparos. La Fiscalía sostiene que el crimen habría sido ordenado desde la cárcel por Pablo C., en el marco de una disputa por el liderazgo de una barra brava.

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La investigación también incluye otros homicidios y ataques armados atribuidos a integrantes del grupo. Entre ellos figuran los asesinatos de Jorge Maturano y Pablo Latorre, ocurridos en febrero de 2023, y el de Benjamín Echavarría, el 1 de marzo de ese año. Además, se investigan balaceras contra comercios, una subcomisaría y un supermercado, así como amenazas dirigidas a familias para exigir dinero o la entrega de propiedades y vehículos.

De acuerdo con la acusación, los episodios estarían relacionados con una disputa entre facciones de una organización criminal que buscaban controlar distintos negocios ilegales. La Fiscalía menciona actividades vinculadas con la barra brava de Newell’s, la venta ambulante en las inmediaciones del estadio, el estacionamiento de vehículos y la seguridad en eventos deportivos, entre otras fuentes de ingresos ilícitos.

A Pablo C. se le atribuye el rol de jefe de la organización, mientras que Antonela F. y Carlos O. habrían actuado como organizadores, según la hipótesis fiscal. Los restantes acusados están señalados por distintos niveles de participación en la estructura y en hechos específicos, entre ellos homicidios, robos, amenazas y ataques con armas de fuego. Parte de los episodios investigados también involucra a personas que ya fueron condenadas en otras instancias.

El debate oral buscará determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados en los hechos que les atribuye la Fiscalía. Las penas solicitadas corresponden a la pretensión de los fiscales y no constituyen una condena: será el tribunal el que deberá resolver sobre la responsabilidad de los imputados una vez finalizado el juicio.