Piden 13 años de prisión para el financista Luis Herrera y 9 para sus hijos

El fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión efectiva para el financista Luis Herrera, 9 años para sus hijos Ignacio y Diego, y 5 años para su esposa, Marcela Beatriz Fernández, todos con inhabilitación. La solicitud forma parte de un requerimiento de elevación a juicio oral que marca un nuevo avance en una de las causas de criminalidad económica más relevantes de Rosario.

La acusación, sin embargo, es parcial. Desde la Fiscalía remarcaron que el tramo presentado constituye una plataforma acusatoria autosuficiente para ir a debate oral en un plazo razonable, pero que la investigación continúa abierta y podría incorporar nuevos hechos, lo que derivaría en un agravamiento de la imputación y de las penas en el futuro.

El pedido de juicio incluye cargos por asociación ilícita, administración infiel y estafa. En concreto, se trata de 23 hechos vinculados a cuentas comitentes de la ALyC Fernández Soljan S.A., otros 88 hechos relacionados con supuestas inversiones en el Chicago Board of Trade y 17 hechos de estafa dentro de ese mismo esquema de operatoria financiera.

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Para los investigadores, ese conjunto de hechos ya cuenta con una base probatoria suficiente como para sostener la acusación en juicio. Sin embargo, el universo total bajo análisis es mucho más amplio y supera los 460 casos de presuntas maniobras defraudatorias, lo que dimensiona el alcance de la causa.

En paralelo, la pesquisa también avanza sobre otras líneas, especialmente vinculadas a posibles maniobras de lavado de activos. Estas investigaciones aún no están cerradas debido, entre otros factores, a la espera de respuestas a pedidos de cooperación internacional que resultan claves para completar esa hipótesis delictiva.

La gravedad del caso

El Ministerio Público sostiene que el caso presenta una “gravedad excepcional” tanto por la cantidad de hechos como por la modalidad de ejecución. Según la acusación, no se trató de episodios aislados, sino de un sistema sostenido en el tiempo que operó como una estructura delictiva de base familiar y empresarial.

En ese sentido, los fiscales describen una organización con división de tareas definida, que se valía de la firma Fernández Soljan S.A., habilitada como ALyC, para captar inversores, aprovechar su prestigio en el mercado y canalizar fondos mediante una operatoria paralela e informal.

El esquema incluía la utilización de oficinas formales, personal administrativo, correos electrónicos institucionales y documentación que simulaba operaciones reales. Según la acusación, se generaban resúmenes falsos y liquidaciones periódicas ficticias para sostener la confianza de los inversores y evitar reclamos.

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La maniobra central consistía en afirmar que los fondos serían invertidos en el Chicago Board of Trade o dentro de los mecanismos habituales de una ALyC. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, los activos eran desviados a otros fines, utilizados en operaciones ajenas al mandato recibido o integrados en un sistema de características piramidales.

El perjuicio económico estimado es de enorme magnitud. La acusación detalla que el daño asciende a más de 9,8 millones de dólares, además de montos en euros y pesos, lo que refleja cifras extraordinarias y una afectación patrimonial extendida sobre centenares de víctimas.

Además de la pena de prisión efectiva para los cuatro acusados, Narvaja pide la inhabilitación por 10 años para ejercer el comercio, para ocupar cargos de administración, gobierno o vigilancia de personas jurídicas y para intervenir como agente habilitado en el marco de la Ley de Mercado de Capitales.

El abreviado que no fue y la renuncia de los abogados

El caso también tiene antecedentes recientes que marcaron su rumbo. En diciembre pasado, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, rechazó un acuerdo abreviado al considerarlo “contradictorio” y ordenó avanzar hacia el juicio oral. El planteo recogía además el malestar de querellantes que cuestionaban la falta de reparación suficiente y la posible liberación de algunos imputados.

Posteriormente, la causa sumó otro elemento de tensión cuando todos los abogados defensores de Herrera y su familia renunciaron a la representación, lo que obligó a reconfigurar la estrategia procesal de los imputados en un momento clave del expediente.

En cuanto a la situación procesal, Herrera y sus hijos continúan detenidos por decisión de la camarista Gabriela Sansó, mientras se define el avance hacia el juicio oral. La expectativa ahora está puesta en los tiempos judiciales y en la eventual incorporación de nuevos hechos que podrían ampliar aún más el alcance de una causa que ya es considerada emblemática en materia de delitos económicos en la región.

Con información de Hernán Funes.