Libertad bajo caución de un millón de dólares para ex directivos de Vicentin

En un giro clave en la causa por la quiebra de Vicentin, el camarista Gustavo Salvador resolvió otorgar la libertad bajo caución de un millón de dólares a cada uno de los exdirectivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel, implicados en el proceso judicial que investiga un presunto fraude millonario.

La medida fue duramente crítica con el accionar de la Fiscalía, a la que el magistrado acusó de haber vulnerado garantías constitucionales en su accionar. La resolución del juez Salvador advierte que la prueba obtenida sobre los honorarios legales pagados a los abogados defensores carece de validez, por haber sido obtenida “en violación de las garantías”.

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En particular, apuntó contra los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, responsables de la investigación, por haber accedido a información confidencial sin autorización judicial previa.

Denuncia y críticas

El abogado defensor Jorge Ilharrescondo calificó de “grosera violación de las garantías constitucionales” la revelación de los honorarios que, según la acusación, fueron financiados con fondos que debían estar bajo custodia judicial. En declaraciones radiales a Cadena 3 Rosario, el letrado argumentó que los imputados “tendrían que haber pagado su defensa con su propio bolsillo”, y acusó a la Fiscalía de haber puesto en peligro el derecho a la defensa y el ejercicio libre de la profesión.

Durante la audiencia, Ilharrescondo presentó un dictamen jurídico que respalda su denuncia, señalando que la exposición de estos honorarios compromete seriamente la legalidad del proceso. También criticó el método utilizado por los fiscales para acceder a esa información: en lugar de recurrir a un allanamiento con orden judicial, enviaron un requerimiento formal a la AFIP, algo que, según el defensor, “constituye un desborde institucional”.

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La decisión del camarista podría abrir un precedente en cuanto al uso y admisibilidad de pruebas obtenidas sin garantías legales básicas, además de generar un fuerte impacto en la causa Vicentin, una de las más importantes en materia económica y judicial en la historia reciente del país.

Causa emblemática

La causa judicial investiga el colapso financiero de la cerealera Vicentin, declarada en cesación de pagos en diciembre de 2019. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la caída de la empresa no fue producto de una crisis repentina, sino de un plan deliberado desarrollado por una presunta organización criminal que habría manipulado balances, simulado operaciones y desviado fondos hacia empresas vinculadas.

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Los fiscales sostienen que el grupo ocultó durante años la verdadera situación económica de la empresa, engañando a bancos y productores agropecuarios que operaban con la firma bajo la modalidad “a fijar precio”. El endeudamiento masivo y la falta de transparencia, según la acusación, fueron claves para llevar a la firma al concurso de acreedores y al posterior default.

En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió la apertura de juicio y solicitó penas de entre 3 y 17 años de prisión para una docena de exdirectivos y colaboradores de la firma, entre ellos Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. También fueron acusados ejecutivos de empresas vinculadas, auditores de la consultora KPMG y los síndicos del concurso.