Escándalo de corrupción en la Policía de Rosario: 16 presos por desviar fondos

En una extensa audiencia desarrollada en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal José Luis Caterina imputó a 17 personas, entre ellas altos mandos policiales y civiles, por delitos de corrupción que incluyen cohecho, peculado, falsedad ideológica y defraudación agravada contra el Estado provincial. La investigación revela una compleja red de sustracción de fondos públicos asignados a la compra de combustible para móviles policiales, con un perjuicio estimado en más de 45 millones de pesos mensuales.

El juez Gustavo Pérez de Urrechu resolvió dictar prisión preventiva efectiva por seis meses para todos los imputados, a excepción de María D.F., empleada civil, quien fue liberada bajo medidas alternativas, como firma quincenal y prohibición de contacto con los demás acusados.

Corrupción organizada. Según la Fiscalía, los implicados —mayormente integrantes de la Unidad Regional II de la policía de Rosario— habrían desviado sistemáticamente fondos destinados a combustible, mediante dos maniobras principales: la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas ficticias que nunca se realizaron. Para ello, utilizaron tarjetas “Visa Flota”, destinadas al uso exclusivo en cada móvil policial, concentrándolas en manos de funcionarios que adulteraban los registros de carga.

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Los recursos desviados terminaban favoreciendo ilegalmente a la empresa “Gas Auto Tiferno S.A.”, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, cuyo personal administrativo cooperaba activamente en la maniobra. Entre los civiles imputados figuran Mónica B., presidenta de la firma, Oscar C., co-propietario, y Daniel R., encargado de la estación, además de la ya mencionada María D.F., empleada administrativa.

Los principales implicados. Entre los uniformados imputados se encuentran comisarios, inspectores y subinspectores con cargos clave en el manejo de logística y combustible. Entre ellos:

- Gerardo R., jefe del Garage Oficial, señalado como pieza central en la recepción de fondos y distribución interna.

- Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, con influencia directa sobre el Garage y señalado como nexo clave en la cadena de pagos.

- Fabián F., jefe de la sección Caballería y Perros.

- Juan Pablo P., jefe de la Brigada de Orden Urbano.

- Mario B., Juan V., Franco C., Jorge D., Sergio L., Gustavo B., Fernando C. y Javier A., todos responsables de logística o combustible en distintas divisiones.

Las pruebas reunidas incluyen intervenciones telefónicas, secuestro de documentación, grabaciones de entregas de dinero y registros de facturación apócrifa desde domicilios particulares. En uno de los allanamientos, por ejemplo, se encontró al inspector Juan V. en su domicilio facturando con más de 300 tarjetas Visa Flota, acompañado de un posnet de la empresa Tiferno y documentos que intentaba destruir.

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Cooperación desde adentro. La investigación también revela que los dueños y empleados de “Gas Auto Tiferno” no solo facilitaban la maniobra sino que pagaban sobornos a los funcionarios, mediante entregas periódicas en sobres o cajas. Las entregas se realizaban en las oficinas administrativas de la empresa, en horario laboral y a la vista del público. Las dádivas eran distribuidas entre diferentes dependencias policiales como Garage Oficial, PDI, Caballería, Infantería, Motorizada, y el Comando Radioeléctrico, con registros de entregas quincenales.

En este esquema, Rodrigo D. ejercía un rol clave: además de controlar el área de Garage, presionaba para obtener partidas excepcionales de combustible desde la capital provincial y supervisaba la continuidad del esquema fraudulento. Según las conversaciones interceptadas, exigía pagos frecuentes y tenía un rol jerárquico sobre los implicados.

El caso, que sacude a la cúpula policial rosarina, expone una sofisticada red de corrupción interna sostenida durante al menos diez meses, desde agosto de 2024 hasta mayo de 2025. El desfalco al erario público de Santa Fe, con estimaciones que superan los 400 millones de pesos en total, deja en evidencia graves fallas de control institucional y una alarmante connivencia entre autoridades policiales y empresarios.

La causa sigue en etapa investigativa y podría ampliarse con nuevas imputaciones o derivaciones a otras jurisdicciones.

Informe de Agostina Meneghetti.