El Concejo aprobó un protocolo de actuación para terminar con las picadas

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves un protocolo de actuación para terminar con las picadas. La ordenanza determina que, ante la detección de competencias ilegales, en cualquier punto de la ciudad, la Secretaría de Control y Convivencia o el área competente en el caso, deberá activar un protocolo de actuación indivisible que consiste en:

Dispersión de focos: Intervención preventiva, en todo caso posible, en los puntos de reunión previos (estaciones de servicio, playones, canteros) para disuadir la concentración de vehículos, modificados o no, antes de que inicien la actividad.

Cerrojo y remisión: Implementación de operativos cerrojo para interceptar a los corredores y proceder al secuestro inmediato de los vehículos involucrados.

Persistencia del control: Prohibición de retirar el operativo inmediatamente tras la dispersión. Se deberá mantener una guardia de dotación, sujeta a la evaluación de la autoridad de aplicación, y monitoreo por cámaras para evitar el rearmado de la picada (efecto rebote).

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Además, la norma establece un esquema de control de saturación permanente los días viernes, sábados, domingos y vísperas de feriados, de 22 a 6, en arterias y espacios públicos identificados por el mapa de calor del delito y denuncias al 147, con el objetivo de desarticular concentraciones antes de su inicio.

La Secretaría de Control y Convivencia podrá coordinar con responsables de estaciones de servicio y comercios el ingreso de inspectores a predios privados de acceso público, con el fin de fiscalizar y sancionar vehículos que cometan infracciones de tránsito, pongan en riesgo a terceros o incurran en conductas contrarias al Código Penal y de Convivencia.

Ante pruebas de exceso de velocidad o participación en picadas, el municipio se constituirá como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), aportando imágenes del Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), si las hubiere y actas de constatación, a fin de impulsar la acción penal y solicitar las sanciones correspondientes, incluyendo multa e inhabilitación. La autora de la ordenanza es la concejala Samanta Arias, con sus pares de bancada.