Crimen en San Cristóbal: sobreseyeron al adolescente que mató a un compañero por ser inimputable

A siete meses del ataque ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, la Justicia dictó el sobreseimiento del adolescente que ingresó armado al establecimiento educativo y mató a un compañero de 13 años (Ian Cabrera). La resolución fue firmada por el juez penal José Boaglio, luego de un pedido formal presentado por los abogados defensores Mariana Oroño y Federico Kiener. La decisión se fundamentó en la imposibilidad de imponerle una condena penal por su edad al momento del hecho.

El punto central de la resolución es el régimen de responsabilidad penal juvenil que estaba vigente cuando ocurrió el ataque, en marzo de 2026. El adolescente tenía entonces 15 años y, de acuerdo con la normativa aplicable en ese momento, era considerado no punible. Por esa razón, aunque la investigación estableció su participación en el episodio, no podía recibir una condena penal por el homicidio.

La defensa solicitó el sobreseimiento con ese argumento jurídico, vinculado directamente con la edad del acusado y la legislación vigente al momento del hecho. De esta manera, el juez hizo lugar al planteo y cerró la posibilidad de continuar el proceso penal con fines de condena contra el adolescente bajo ese marco normativo.

Uno de los aspectos relevantes del caso es que, meses después del ataque, el Congreso de la Nación modificó la legislación penal juvenil y redujo de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Sin embargo, ese cambio posterior no altera automáticamente la situación jurídica del joven por el hecho ocurrido en marzo: la resolución se basa en la normativa que regía cuando sucedió el ataque.

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El sobreseimiento no significa que la Justicia haya descartado la participación del adolescente en el episodio, sino que no puede ser condenado penalmente debido a su edad y al régimen legal aplicable. La distinción resulta clave para comprender el alcance de la decisión judicial, que se refiere a la responsabilidad penal y no a una negación de los hechos investigados.

Pese al cierre de la vía penal, la resolución contempla medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal. Estas disposiciones apuntan a mantener un abordaje institucional de la situación del adolescente, aun cuando no pueda recibir una pena en el marco de la causa.