Concluyen que la filtración de un allanamiento fue por una falla en el sistema

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario archivó en apenas 24 horas una investigación interna abierta para determinar cómo se filtró la orden de requisa al despacho del juez federal Nº1 de Rosario, Gastón Salmain. Según la resolución, el hecho no respondió a una acción deliberada de un funcionario o empleado judicial, sino a una “falla técnica del sistema informático”.

El documento —firmado por Aníbal Pineda, Susana Andalaf, Elida Vidal y Lorenzo Barbará— detalla que, tras la noticia difundida públicamente, se dispuso un informe urgente a la Secretaría General y al área de Informática de la Cámara. Los técnicos comprobaron que el error se habría producido en el sistema de gestión judicial cuando se cargó el expediente vinculado a la medida, lo que permitió que la orden de allanamiento quedara visible temporalmente en una base de datos interna.

La orden había sido emitida por el juez Carlos Vera Barros. El magistrado se presentó ante la Cámara con el informe de su secretaria.

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Tras ello, la Cámara resolvió. De acuerdo con la decisión, “no existen elementos que indiquen intervención humana dolosa o negligente”, y se resolvió el archivo inmediato del sumario administrativo, que había sido abierto el día anterior “por motivos de transparencia institucional”. En ese sentido, se remarcó que el objetivo del procedimiento fue únicamente esclarecer si hubo responsabilidades internas en la filtración.

El caso se originó a partir de la publicación de la orden de allanamiento contra el juez Salmain, medida dictada en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en su desempeño. La difusión del documento generó un fuerte impacto en ámbitos judiciales y políticos, por tratarse de un magistrado en funciones y por la sensibilidad del expediente.

En su parte resolutiva, la Cámara ordenó comunicar los resultados al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal, “a los efectos informativos pertinentes”. Además, instruyó a la oficina de informática a implementar medidas de refuerzo en los protocolos de seguridad digital, para evitar que hechos similares se repitan.

La decisión se conoció menos de un día después de que trascendiera la apertura del sumario, lo que da cuenta de la celeridad con que la Cámara buscó cerrar el episodio. En la práctica, el archivo implica que no se abrirán sanciones ni responsabilidades personales por la filtración, al entender que se trató de un problema técnico.

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El informe final subraya que “la transparencia judicial requiere no solo la rendición de cuentas de sus funcionarios, sino también la confiabilidad de sus sistemas”, y recomienda que el área tecnológica de la Cámara revise los accesos y auditorías de los módulos de consulta interna.