Asociación ilícita: quedó preso el señalado "nuevo jefe" de la barra de Central

En una audiencia imputativa que se extendió por casi tres semanas, la Justicia de Rosario imputó a diez personas por integrar una peligrosa asociación ilícita dedicada a dominar territorios para la venta de drogas, a través de métodos que incluyeron ataques violentos, extorsiones y el uso de menores.

El juez Sosa, dictó para todos los acusados la prisión preventiva por el plazo de ley, tras la acusación presentada por los fiscales Georgina Pairola, Juliana González y Luis Schiappa Pietra.

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La organización, según la Fiscalía, tenía como objetivo central organizar recursos humanos y materiales para controlar diversos barrios de la ciudad, con el fin explícito de instalar y administrar puntos de venta de estupefacientes al menudeo. Para consolidar su dominio, los miembros cometían una serie de delitos: desde "atentados contra las personas" y extorsiones para desalojar viviendas y usarlas como "búnkeres", hasta la portación y circulación de armas de fuego y la utilización de vehículos robados.

La investigación identificó a cuatro de los imputados como los organizadores principales: Alejandro L., Ezequiel D., Lautaro G. y Matías G. El resto – Dylan B., Diego A., Kevin D.L.S., Mirko B., Lucas M. y Germán H. – fueron imputados en calidad de miembros activos.

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Según los fiscales, la banda operaba principalmente desde el barrio 7 de Septiembre, desde donde expandió su influencia a zonas como Stella Maris, La Bombacha y Emaús, disputando estos territorios de forma violenta o, en otros casos, estableciendo alianzas circunstanciales con líderes de otras bandas en barrios como Santa Lucía, Ludueña, Empalme Graneros y Parque Oeste.

Los roles dentro de la organización:

Matías G. era el encargado de regentear los puntos de venta y reclutar vendedores, a veces de manera coactiva. También gestionaba el armamento para defender los territorios.

Alejandro L. fue quien quedó a cargo del control del barrio 7 de Septiembre cuando Matías G. se trasladó a Buenos Aires. Se le atribuye la organización de ataques y la logística de las armas.

Ezequiel D. era el líder directo de "la banda de los menores", a quienes reclutaba y organizaba para cometer hechos violentos en nombre de la organización.

Lautaro G., según la investigación, fue elegido por los jefes para conducir la barra brava de un club de fútbol local, desde donde administraba recursos lícitos e ilícitos en beneficio de la asociación y colocaba a miembros de la banda en puestos de decisión.

Agravante: uso de menores

Uno de los aspectos más graves de la acusación es que la asociación ilícita fue agravada por la participación de menores de edad. 

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La banda, liderada en la calle por Ezequiel D., utilizaba a adolescentes y personas vulnerables para cometer actos violentos y vender drogas, una estrategia para eludir o atenuar las consecuencias penales de sus acciones.

La medida de prisión preventiva dictada por el juez Sosa refleja el alto riesgo procesal y la peligrosidad atribuida al grupo, dando un paso significativo en una investigación que busca desarticular las redes del crimen organizado que afectan la seguridad de los rosarinos.