Contrabando en Correo Argentino de Rosario: quedaron presos los funcionarios

Una trama de contrabando ideada desde dentro de la sede rosarina del Correo Argentino fue desarticulada por la Justicia. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz formalizó la investigación penal y decretó la prisión domiciliaria para tres funcionarios del área de Encomiendas Internacionales, acusados de haber montado un servicio de entrega ilegal que evadía por completo los controles aduaneros y el pago de impuestos.

Según la causa caratulada como "contrabando agravado", los empleados Hugo L., Eduardo C. y Maia L. –junto a otros cuatro civiles– fraguaron un sistema que operaba de manera paralela a los canales legales. 

La maniobra, que habría estado activa desde al menos enero de 2023, fue descubierta tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias en encomiendas que figuraban como no entregadas.

Modus operandi

La investigación, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal de Rosario, reveló el mecanismo delictivo. Los imputados sustraían paquetes que llegaban desde la central de Monte Grande y, en lugar de derivarlos a la Aduana para su control y liquidación de tasas, los canalizaban directamente a domicilios particulares.

A cambio de este "servicio express ilegal", cobraban entre 30 y 50 dólares por kilo, una tarifa que representaba aproximadamente la mitad de lo que los destinatarios hubieran tenido que pagar en tributos si el trámite se hubiera realizado de forma legal.

La evidencia clave que sustentó la acusación incluye chats y conversaciones entre los acusados donde detallaban la logística, coordinaban entregas y se repartían ganancias mediante transferencias a billeteras virtuales. En uno de esos intercambios, Maia L. y otro empleado, Juan Pablo A., hablaban de cobrar 4.500 dólares cada uno.

Impacto fiscal

El cargamento ilegal manejado por la red estaba lejos de ser trivial. Según los registros de la causa, manipularon al menos 486 encomiendas con un valor total estimado en 155.000 dólares. Entre la mercadería se encontraron juguetes coleccionables, CDs, vinilos, y una gran cantidad de insumos de odontología y estética, todos ingresados al país sin el más mínimo control sanitario o fiscal.

Durante la audiencia, la fiscal Soledad García destacó la gravedad del caso, subrayando el "doble deber de legalidad" que tenían los funcionarios públicos involucrados. "No solo se violó la ley sino la confianza pública", argumentó al solicitar las prisiones preventivas. La magistrada también alertó sobre la magnitud potencial del esquema, al hacer referencia a una denuncia de ARCA que menciona unas 5.000 encomiendas "fantasma" cuyo paradero final se desconoce, lo que abre la puerta a que la investigación se amplíe.

El juez Da Cruz hizo lugar al pedido fiscal y decretó prisión preventiva domiciliaria por 60 días para Hugo L. (señalado como el ideólogo del sistema), Eduardo C. (jefe del Nodo Rosario, acusado de participar activamente) y Maia L. (la operadora que coordinaba con los clientes y manejaba el cobro).

Para los receptores, se impusieron otras medidas: Javier J. deberá pagar una fianza de 15.000 dólares, mientras que Juan Pablo G. y su esposa, María Eugenia A. –quienes recibían la mercadería en sus domicilios de Rosario y Arroyo Seco–, tienen prohibición de salir del país. La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red y el posible involucramiento de otros actores.