Falsas amenazas en escuelas: "Los padres deberán afrontar los costos"

La secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe, Daiana Gallo, expresó su preocupación en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario por el crecimiento de falsas amenazas en escuelas y fue contundente: “Ante las personas identificadas, podrían ser los padres de los menores quienes deban hacerse cargo”, al referirse al costo de los operativos que se activan en cada caso.

La funcionaria reveló que “hubo alrededor de 65 casos en toda la provincia solo el viernes”, y remarcó que, aunque el número no es alto en relación a las más de 5.000 instituciones educativas, “sí es significativo por lo que ocurre”, ya que cada denuncia implica interrupción de clases y un importante despliegue de recursos.

Gallo insistió en que estos hechos “no son una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera la paz social”. En ese sentido, explicó que se reforzaron los protocolos y se envió información a las familias sobre las consecuencias penales y económicas.

Además, advirtió sobre el rol de las redes sociales en la propagación de estos episodios: “Hay muchos usuarios que reenvían información sin conocer la procedencia, y eso amplifica la preocupación”, señaló, al tiempo que vinculó varios casos con desafíos virales entre adolescentes.

La funcionaria también hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos: “La escuela sola no puede, tiene que haber un rol de la familia”, afirmó, y llamó a acompañar más de cerca a los jóvenes en el uso de la tecnología y en su vida cotidiana.

El Gobierno avanzará con reclamos económicos

En línea con estas medidas, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la provincia impulsará acciones legales para exigir el resarcimiento económico a los responsables. “Esto no es una broma, es un delito”, afirmó, y advirtió que cada intervención policial tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.

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El funcionario explicó que, ante cada amenaza, se trabaja junto al Ministerio Público de la Acusación con allanamientos, secuestro de dispositivos y posibles detenciones. Además, remarcó que muchas causas no se difunden por involucrar a menores, lo que exige un tratamiento especial dentro del proceso penal juvenil.

Cococcioni alertó también sobre las consecuencias a futuro: “Una causa penal juvenil deja huellas que no siempre son agradables en la posteridad”, señaló, y mencionó dificultades como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o viajar al exterior. Finalmente, sostuvo que el objetivo de los reclamos es recuperar recursos públicos y generar conciencia sobre la gravedad de estos hechos.

Entrevista de Alberto Lotuf.