Un juez federal evita que Trump imponga restricciones contra diversidad trans

SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal en California prohibió a la administración de Trump implementar órdenes ejecutivas que atacan la diversidad y los derechos de las personas transgénero en los requisitos de financiamiento de subvenciones, considerándolas inconstitucionales.

Jon Tigar, el juez a cargo del caso, dictó el lunes que el gobierno federal no podía exigir a los beneficiarios de subvenciones que interrumpieran programas enfocados en la diversidad, la equidad y la inclusión, ni que ignoraran la existencia de personas transgénero para poder recibir financiamiento. La orden judicial se mantendrá en efecto mientras el proceso legal avanza, aunque es probable que los abogados del gobierno busquen apelar.

Tigar destacó que las disposiciones sobre financiamiento representan un intento por parte del poder ejecutivo de censurar discursos y servicios que están protegidos constitucionalmente y que apoyan la diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como el reconocimiento de individuos transgénero.

El juez subrayó que el poder ejecutivo debe seguir las directrices de la Constitución al formular su agenda y advirtió que, incluso en el contexto de subsidios federales, no puede utilizar los fondos asignados por el Congreso para castigar a comunidades protegidas o para silenciar ideas que no le son favorables o que considera peligrosas.

Entre los demandantes se encontraban centros de salud, organizaciones que brindan servicios a la comunidad LGBTQ+ y la Gay Lesbian Bisexual Transgender Historical Society. Estas entidades, que reciben financiamiento federal, afirmaron que las órdenes del presidente dificultaban la consecución de sus misiones.

La San Francisco AIDS Foundation, uno de los demandantes, mencionó que en 2023 recibió una subvención de cinco años de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para fortalecer y mejorar los servicios de salud sexual, con un enfoque particular en la prevención de infecciones de transmisión sexual. El proyecto, que abarca un total de 1,3 millones de dólares, se destinaba específicamente a comunidades afectadas por disparidades en la salud sexual.

Sin embargo, en abril el CDC notificó a la fundación que debía “terminar de inmediato todos los programas, personal, actividades o contratos” que promovieran DEI o ideologías de género. Desde su llegada al poder, Trump ha emitido varias órdenes ejecutivas, que incluyen algunas para revertir protecciones para transgéneros y cesar programas de DEI. Los abogados de la administración argumentaron que el presidente tiene la autoridad para “alinear las estrategias de financiamiento y ejecución del gobierno” con sus políticas.

Los demandantes argumentaron que el Congreso, y no el presidente, posee la autoridad para condicionar el uso de fondos federales, sosteniendo además que las órdenes ejecutivas restringen derechos fundamentales de libertad de expresión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.