Un aliado de Navalny fue condenado en ausencia a 18 años por cargos políticos

Los tribunales rusos emitieron el miércoles una condena en ausencia contra un opositor y colocaron a otro en arresto domiciliario, marcando una continuada represión de la disidencia en el país.

Leonid Volkov, ex colaborador del fallecido líder opositor Alexei Navalny, enfrentó una sentencia de 18 años de prisión tras ser declarado culpable de múltiples cargos penales.

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental en Moscú condenó a Volkov bajo 40 acusaciones, entre las que se incluyen la justificación del terrorismo, la organización y financiación de un grupo extremista, así como la rehabilitación del nazismo y la creación de una ONG que transgredió derechos ciudadanos. Esta información fue proporcionada por agencias de noticias rusas.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Volkov una multa de 2 millones de rublos, equivalente a unos 25.000 dólares, y le prohibió el uso de internet por un período de 10 años.

Tras conocer su condena, Volkov hizo una publicación irónica en redes sociales expresando: "Oh no! Me prohibieron usar internet durante 10 años como solicitaron los fiscales, pero ya lo he estado usando. Maldita sea. ¿Qué voy a hacer?".

El activista, quien estuvo a cargo de las oficinas regionales y campañas electorales de Navalny, dejó Rusia hace varios años debido a la presión ejercida por las autoridades. Entre 2021 y 2023 dirigió la Fundación Anticorrupción de Navalny, durante la cual fue incluido en la lista de presuntos terroristas y extremistas por el gobierno ruso. Su caso es considerado ampliamente como políticamente motivado en Rusia.

En un contexto paralelo, Lev Shlosberg, un destacado miembro del partido opositor Yabloko, fue colocado bajo arresto domiciliario el mismo día tras haber sido detenido por presuntamente desacreditar al ejército ruso.

Un tribunal en Pskov dictó que Shlosberg permanecería en su hogar por dos meses a la espera de investigación y juicio, también visto como un caso motivado políticamente. Las autoridades rusas lo acusan de desacreditar al ejército al haber solicitado un alto el fuego en la guerra contra Ucrania.

Shlosberg ha negado haber compartido el video en redes sociales ni de haber administrado la cuenta en la que fue publicado, y si se le halla culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Este político, crítico constante de la guerra, fue catalogado anteriormente como "agente extranjero" por el gobierno ruso, un término que remite a la traición en la era soviética.

Desde que Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha intensificado la represión de diversas formas de disidencia, atacando a grupos de derechos humanos, medios independientes, y otros integrantes de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas denominaciones religiosas.