Tribunal Federal permite a la Policía de Texas arrestar inmigrantes indocumentados

Una ley promulgada en Texas en 2023, que otorga a la policía estatal la autoridad para arrestar a individuos sospechosos de haber ingresado al país sin autorización, podrá implementarse tras la decisión de un tribunal federal de apelaciones que revocó el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado su aplicación durante varios años.

La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la orden judicial temporal sin abordar los aspectos legales de fondo, argumentando que la parte demandante no tenía bases legales suficientes para presentar su demanda, según lo indicado en la resolución del tribunal.

La legislación, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), fue aprobada como respuesta a un aumento sin precedentes en los cruces ilegales en la frontera, que, según el estado, se asemejaba a una invasión. Desde entonces, el número de cruces ha disminuido.

Históricamente, el gobierno federal era el único encargado de aplicar las leyes de inmigración. Sin embargo, los legisladores de Texas buscaron desafiar este precedente con la nueva ley, que rápidamente enfrentó impugnaciones constitucionales por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y derechos civiles. Estos argumentaron que la aplicación de las leyes de inmigración corresponde exclusivamente al gobierno federal.

En una votación de 10-7, el tribunal de apelaciones determinó que los demandantes —Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso— no podían continuar con la demanda. La orden del Quinto Circuito afirma: "Estos demandantes asumieron voluntariamente costos para defender a clientes. Según precedentes recientes de la Corte Suprema, eso está muy lejos de conferir legitimación. Anulamos la orden judicial preliminar en sentido contrario".

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo en redes sociales, destacando que "el derecho de Texas para arrestar a inmigrantes ilegales, proteger a nuestros ciudadanos y hacer cumplir las leyes de inmigración es fundamental. Esta es una gran victoria para la seguridad pública y la ley y el orden".

La SB 4 clasifica como delito menor cruzar la frontera desde México hacia Texas sin la debida autorización, y otorga a las autoridades la facultad de arrestar a quienes se sospeche que han infringido la ley. La ley también exige que los jueces magistrados estatales ordenen que los individuos arrestados por ingreso ilegal sean enviados de regreso a México, en lugar de ser procesados o, en caso de ser hallados culpables, ser sometidos a otras medidas.

El gobierno del expresidente Joe Biden había impugnado la ley, alegando su inconstitucionalidad, pero la administración actual de Donald Trump retiró la participación del Departamento de Justicia en la demanda.

Funcionarios de Texas han defendido la ley tanto dentro como fuera de los tribunales, argumentando que el estado tiene derecho a protegerse de la migración ilegal, que, según líderes republicanos, representa una invasión. Sin embargo, los tribunales han desestimado en gran medida ese argumento en las últimas décadas. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por que este discurso pueda incitar a la violencia contra los migrantes.

El tribunal de apelaciones no abordó el argumento de la invasión, centrándose en la legitimación de los demandantes. Sin embargo, el juez James Ho expresó en una opinión concurrente que Texas tiene derecho a defenderse, citando un libro que sugiere que México y otros países han utilizado a los migrantes como un arma contra Estados Unidos.

"Si nuestros adversarios van a usar la migración masiva como un arma para perjudicar a Estados Unidos, nuestros funcionarios electos tienen el derecho a responder en consecuencia", escribió. "Y, en cualquier caso, estos son asuntos políticos por los que los funcionarios electos rinden cuentas ante los votantes, no ante los jueces".

Por el momento, se desconoce si la SB 4 entrará en vigor de inmediato.

Nicolas Palazzo, director de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center, criticó la decisión de la corte de apelaciones, afirmando que tomó "el camino fácil" al no pronunciarse sobre los méritos de la demanda. Palazzo agregó que la decisión deja abierta la posibilidad de que la SB 4 continúe generando miedo y perfilamiento selectivo contra los migrantes y sus familias, afectando la seguridad en El Paso.