Tribunal federal anula la política de detención migratoria sin fianza del gobierno Trump

Un tribunal federal de apelaciones decidió el martes que el gobierno del presidente Donald Trump no tiene la autoridad para encarcelar a inmigrantes sin la posibilidad de fianza, argumentando la existencia de "serias cuestiones constitucionales" en relación a lo que podría considerarse el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia del país, afectando a millones de no ciudadanos.

El fallo, emitido de manera unánime por un panel del Tribunal de Apelaciones del 2do Circuito con sede en Nueva York, abre la puerta a una posible apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, dado que otros paneles de los circuitos 8vo y 5to ya habían respaldado la política implementada por el gobierno de Trump en julio del año anterior.

El juez Joseph F. Bianco, en representación del panel que incluye a los jueces Alison J. Nathan y Jose A. Cabranes, expresó: "Hoy, aunque discrepamos de otros dos circuitos que han abordado esta cuestión, nos unimos a la abrumadora mayoría de jueces federales que han considerado el asunto y concluimos que la novedosa interpretación de la ley de inmigración por parte del gobierno contradice su texto".

La política en cuestión, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha llevado a la negación de audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en diversas partes del país, incluso a aquellos que han residido en Estados Unidos durante años y no tienen antecedentes penales. Este enfoque representa un cambio significativo respecto a la práctica de administraciones anteriores, que permitían a la mayoría de los no ciudadanos sin historial delictivo solicitar audiencias de fianza mientras sus casos eran procesados en el sistema de inmigración.

Normalmente, se concedía la fianza a individuos que no representaban un riesgo de fuga, limitando la detención obligatoria a aquellos que acababan de ingresar al país. Sin embargo, la nueva política ha generado tensiones en los tribunales federales, donde más de 30.000 demandas han sido presentadas por inmigrantes encarcelados en el marco de la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump. Muchos de estos inmigrantes han recurrido a los tribunales federales solicitando fianza mediante un proceso conocido como petición de hábeas corpus, ante la falta de opciones en el sistema de inmigración.

Los abogados del gobierno de Trump defienden la legalidad de la política de detención obligatoria, argumentando que se encuentra respaldada por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996. Dicha legislación aceleró el proceso de deportación para quienes ingresaban recientemente al país sin autorización, aunque anteriormente se permitía a los inmigrantes ya establecidos solicitar fianza ante un juez de inmigración.

La situación cambió en julio de 2025, cuando Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunció que todos los inmigrantes señalados para deportación serían tratados como recién llegados. El panel de jueces determinó que la interpretación del gobierno sobre la ley de 1996 contradice su texto claro y su propósito, señalando que el Congreso había establecido un sistema escalonado para los casos de inmigración, basado en parte en el tiempo que un inmigrante ha permanecido en el país.

Hasta el momento, más de 370 jueces federales, aproximadamente el 90% que han considerado estos casos de hábeas corpus, han rechazado el enfoque del gobierno, según escribió Bianco. Este juez fue nominado por Trump, mientras que Nathan y Cabranes fueron nominados por los expresidentes Joe Biden y Bill Clinton, respectivamente.

El caso del 2do Circuito se refiere a un hombre de Brasil, Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, quien ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005, solicitó asilo en 2016 y obtuvo autorización de trabajo mientras su solicitud estaba en revisión. Barbosa da Cunha nunca ha sido arrestado ni acusado de un delito, es propietario de su hogar en Massachusetts, donde vive con su esposa y dos hijos ciudadanos estadounidenses, y dirige un pequeño negocio de construcción. Fue arrestado en septiembre de 2025 con una orden administrativa y se le abrió un proceso de expulsión, presentando una petición de hábeas corpus después de que un juez de inmigración determinara que estaba sujeto a detención obligatoria.

La detención obligatoria de no ciudadanos como Barbosa da Cunha plantea "serias cuestiones constitucionales", dado que el gobierno no ha logrado justificar cómo podría mantener una "relación razonable" con cualquier propósito legítimo y no punitivo, sostuvo Bianco.

La directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Amy Belsher, afirmó que "el fallo de hoy confirma, con razón, que la política del gobierno de Trump de detener a inmigrantes sin ningún proceso es ilegal y no puede sostenerse. El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación. Esto contraviene la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la decencia humana básica".

En un comunicado enviado por correo electrónico a la Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional mencionó una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que respalda la política de detención obligatoria, argumentando que Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, "ahora hacen cumplir esta ley tal como fue escrita realmente para mantener a Estados Unidos seguro". Agregaron que "los activistas judiciales han sido impugnados repetidamente por la Corte Suprema en estas cuestiones. El ICE tiene la ley y los hechos de su lado y será reivindicado por tribunales superiores".