Sheinbaum se remite a la Fiscalía sobre gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Fiscalía General tendrá la responsabilidad de decidir cómo actuar respecto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico formuladas por la fiscalía de Nueva York. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum expresó que si la Fiscalía recibe "pruebas contundentes e irrefutables" o encuentra elementos constitutivos de un delito, "deberá proceder". Sin embargo, también advirtió que si no hay evidencias claras, las acusaciones podrían ser consideradas de carácter político por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación formal, que se hizo pública recientemente en Nueva York, no solo involucra a Rocha Moya, quien ha estado al frente del estado desde 2021, sino que también señala a otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados, de estar involucrados en el tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Se alega que estos funcionarios colaboraron en el envío masivo de estupefacientes a Estados Unidos, específicamente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, a través del Cártel de Sinaloa.

El gobernador rechazó enérgicamente las acusaciones, asegurando en su cuenta de la red social X que carecen de fundamento. Rocha Moya, quien fue un aliado cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostiene que estas imputaciones no solo atacan su persona, sino que también son un ataque al movimiento político del partido oficialista Morena. En su defensa, el gobernador considera que se trata de una estrategia para socavar el orden constitucional y la soberanía de México.

Tras el anuncio de las acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comunicó que había recibido solicitudes de extradición de varias personas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, indicaron que la documentación recibida no contenía elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los solicitados. El vicefiscal general, Ulises Lara, declaró que la cancillería había notificado a la Fiscalía General sobre las solicitudes y que se revisará la información para determinar si hay pruebas suficientes para proceder con la extradición.

Por otro lado, Lara subrayó que para enjuiciar a un funcionario elegido por el voto popular es necesario un juicio político que le retire la inmunidad. La relación entre el gobierno de Sheinbaum y la administración de Donald Trump se ha vuelto tensa en los últimos meses, especialmente en el contexto de las presiones contra los cárteles mexicanos y la política arancelaria.