Tensiones políticas en Nashville
03/06/2025 | 20:24
Redacción Cadena 3
NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Legisladores republicanos están examinando la actuación del alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, ante los arrestos realizados por agentes federales de inmigración en diversas detenciones de tráfico durante varios días de mayo.
El representante Andy Ogles lidera la iniciativa, confrontando a O’Connell, un alcalde progresista, en una ciudad con inclinaciones demócratas, tras los arrestos de cerca de 200 individuos en el área metropolitana de Nashville.
La presencia prolongada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó preocupación entre las comunidades inmigrantes de Nashville. En contraste, muchos republicanos apoyaron el enfoque de ICE en la ciudad.
Los republicanos criticaron a los funcionarios de Nashville por documentar públicamente las interacciones entre las autoridades locales y los agentes de inmigración federales en un sitio web oficial. Algunas entradas mostraron los nombres de autoridades, las cuales fueron eliminadas posteriormente. Además, cuestionaron a O’Connell por promover esfuerzos de recaudación de fondos para familias afectadas por las acciones de ICE.
O’Connell afirmó que los arrestos causaron un daño emocional duradero para las familias y fueron llevados a cabo por individuos que no compartían los valores de seguridad y comunidad que rigen Nashville.
El ICE reveló que durante un operativo de una semana arrestó a 196 personas en Nashville y sus alrededores, 95 de las cuales tenían antecedentes penales o enfrentaban cargos. No obstante, no ofreció detalles específicos sobre los delitos. Se identificó que alrededor de 30 inmigrantes habían regresado al país tras deportaciones previas.
La Patrulla de Caminos de Tennessee reportó más de 580 paradas de tráfico relacionadas con la operación conjunta con el ICE. O’Connell denunció la escala y los métodos de la operación, señalando que se arrestaba a personas que regresaban a casa con sus hijos o yendo al trabajo.
Un día antes del inicio de la operación del ICE, O’Connell organizó una conferencia de prensa donde aseguró que la policía de Nashville no participaba en las acciones de control migratorio. En ese encuentro, se anunció la creación de un esfuerzo de recaudación de fondos para proporcionar apoyo a las familias afectadas por estas detenciones.
El alcalde también comunicó su intención de requerir a la Patrulla de Caminos de Tennessee y al ICE que identificaran a los arrestados y detallaran los cargos, aunque afirmó que aún no había recibido dicha información.
O’Connell está bajo un escrutinio adicional debido a una política que solicita a las agencias de la ciudad informar sobre las comunicaciones con autoridades de inmigración, una norma que ya existía bajo administraciones anteriores.
Ogles anunció que los comités de la Cámara de Representantes investigarían a O’Connell en una conferencia de prensa que se realizó en el Capitolio de Tennessee. Una carta posterior, firmada por Ogles y otros legisladores, solicitaba documentos relacionados con las órdenes ejecutivas de O’Connell y su relación con el ICE.
O’Connell reiteró que Nashville no intenta obstruir las leyes federales y que no hay motivo para preocupaciones respecto a la investigación del Congreso.
En un contexto político tenso, el anterior zar fronterizo de Trump, Tom Homan, mencionó que los agentes de ICE aumentarían su presencia en Nashville debido a la reacción de O’Connell.
La legisladora republicana Marsha Blackburn pidió al Departamento de Justicia que investigue al alcalde, tras la inclusión de Nashville en una lista de jurisdicciones santuario, aunque posteriormente dicha lista fue retirada. O’Connell expresó su sorpresa por ser catalogada de esta manera, enfatizando que Nashville no es una ciudad santuario.
Desde el 2019, las ciudades que adoptan políticas santuario enfrentan sanciones en Tennessee. Recientemente, legisladores y el gobernador Bill Lee han implementado legislaciones que facilitan la aplicación de leyes migratorias, proponiendo hasta un delito para funcionarios electos que apoyen dichos lineamientos. Esta ley ha sido objeto de críticas por su posible inconstitucionalidad.
Este artículo ha sido traducido del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]
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