Relator de ONU insta a Guatemala a frenar desalojos de tierras por su violencia histórica

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, pidió el viernes al Estado de Guatemala, tras una visita de dos semanas, que ponga un freno a los desalojos de tierras que en el pasado se han tornado violentos y han dejado muertos y heridos.

En conferencia de prensa, Rajagopal solicitó al Estado de Guatemala que imponga de urgencia una moratoria sobre los desalojos, hasta que pueda garantizar protecciones legales y adecuadas. Asimismo, exhortó al país centroamericano a poner fin a “la práctica generalizada de desalojos forzados, violentos e inhumanos” y a la criminalización de pueblos indígenas y comunidades campesinas.

En Guatemala, ha sido habitual que poblaciones campesinas e indígenas vivan en tierras que reclaman como propias y que, aseguran, les fueron despojadas luego de que tuvieran que desplazarse por el conflicto armado interno, perdiendo sus títulos de propiedad en la premura de la huida.

Entonces surgieron los conflictos con quienes reclaman ser propietarios de las tierras, usualmente terratenientes, que lograron legalizar las tierras. Estos acuden a jueces para pedir que comunidades enteras sean desalojadas. Los jueces pueden ordenar a la policía realizar los desalojos. En algunas ocasiones, los propietarios utilizan personal de su seguridad privada para estas operaciones, lo que ha derivado en episodios de ataques a la población, así como quema de sus cultivos y pertenencias.

El delegado de la ONU declaró que no puede haber en el país una vivienda adecuada sin el acceso seguro e igualitario a la tierra, lo que afecta especialmente a la población indígena y en situación de pobreza, “debido a una larga y dolorosa historia de colonialismo, imperialismo extractivo, conflictos armados y despojo de los pueblos indígenas”.

“(En los desalojos) Las viviendas suelen ser incendiadas, junto con los cultivos alimenticios y las pertenencias privadas de personas en situación de extrema pobreza, lo que constituiría un trato cruel e inhumano y una grave violación al derecho internacional”, afirmó Rajagopal.

Según sus conclusiones, existe racismo estructural en el país y una excesiva concentración de tierra a través de la propiedad privada, especialmente en manos de hombres. “Las mujeres sufren una denegación desproporcionada del acceso a la tierra”, indicó.

El relator también llamó a que el gobierno guatemalteco implemente medidas urgentes para habilitar albergues para personas que son desalojadas o para aquellas que necesitan albergue debido al riesgo por desastres naturales, como lo ocurrido recientemente por una cadena de sismos que dejó siete muertos y cientos de personas albergadas.

El relator mostró preocupación por el retorno de migrantes que, al ser deportados, necesitarán de lugares dignos para ser albergados y, posteriormente, lugares donde puedan vivir.

En Guatemala, las personas usualmente pagan guías, coyotes o traficantes que les llevan por rutas desde su país, pasando por México hasta Estados Unidos. Para pagar sus viajes, a menudo venden sus pertenencias, incluida la casa donde viven. Al llegar a su destino, empiezan sus aportes para recuperar sus bienes, pero al ser deportados se crea un círculo de pobreza que se vuelve casi imposible de romper.