Rechazo social a la posible extensión del estado de excepción en Bolivia

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — A solo 18 días de que finalice el estado de excepción en Bolivia, que se estableció tras 53 días de bloqueos en mayo y junio, diferentes sectores sociales expresaron su desacuerdo con la posible ampliación de esta medida. La propuesta del Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira incluye el despliegue de fuerzas militares en las carreteras, lo que ha generado una fuerte controversia.

La discusión surge en un contexto donde persisten problemas que motivaron las movilizaciones, como el desabastecimiento de combustibles, las largas filas para obtener diésel, el aumento del dólar y el rechazo al Decreto Supremo 5676, que modificó el régimen de subsidios energéticos para grandes consumidores.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, fue quien planteó la posibilidad de extender el estado de excepción, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de que aún no hay una decisión final, Justiniano señaló que hay una tendencia dentro del Gobierno que apoya la continuación de esta medida, ya que, en su opinión, ha permitido recuperar la normalidad después de los bloqueos que causaron pérdidas significativas para el país. El ministro afirmó: "Creo que deberíamos nosotros estar en una situación de estado de excepción, porque ha generado realmente una tranquilidad a la población".

Desde su perspectiva, la presencia de las Fuerzas Armadas ha tenido un efecto disuasorio y ha sido bien recibida por la población, que anhela recuperar la circulación y la actividad económica. "Yo creo que la gente está curada (cansada) de los bloqueos. Yo creo que la gente está contenta de estar en un estado de normalidad, de circulación y que se pueda trabajar", indicó.

El estado de excepción fue instaurado el 20 de junio por el presidente Paz Pereira, en respuesta a una ola de marchas y bloqueos organizados por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y otros sectores. Esta medida tiene una duración de 90 días y concluirá el 20 de septiembre.

El estado de excepción es una herramienta constitucional que permite al Ejecutivo movilizar temporalmente a las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones graves de orden público. Sin embargo, una posible ampliación requeriría el apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el oficialismo no cuenta con mayoría tras la ruptura de la alianza con Unidad, lo que convierte el debate en un asunto político de gran relevancia.

La postura oficial se enfrenta a la de las organizaciones sociales. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Hilarión Medrano, rechazó la posibilidad de una extensión y pidió al Gobierno que se enfoque en resolver el desabastecimiento de combustibles. Además, la organización anunció un ampliado nacional para discutir el malestar de sus bases y definir acciones ante la crisis actual. Medrano enfatizó que prolongar el estado de excepción no garantiza la finalización del conflicto social.

El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, también se opuso a una posible prórroga, relacionando el debate con la situación económica y las decisiones del Ejecutivo. "Sería muy irresponsable, no podemos vivir en dictadura en un país democrático", expresó, refiriéndose a la posible extensión del estado de excepción. Argollo también criticó el Decreto Supremo 5676, que ha generado resistencia entre diversos sectores.

Desde el Trópico de Cochabamba, el dirigente cocalero e intercultural Aquilardo Caricari se unió al rechazo, cuestionando cualquier medida que pueda llevar a la represión y defendiendo el derecho de la población a protestar contra políticas perjudiciales. Caricari afirmó que no teme una eventual persecución política.

A pesar del estado de excepción vigente, productores agrícolas y habitantes de cuatro municipios de Bolivia llevaron a cabo bloqueos en carreteras clave de Santa Cruz y sus conexiones con Beni y Cochabamba, en respuesta al Decreto Supremo 5676.