El Senado chileno evalúa reforma constitucional de Kast para implementar nuevo estado de excepción

SANTIAGO — El Senado de Chile recibió el martes una reforma en materia de seguridad que fue presentada con carácter urgente por el presidente José Antonio Kast. Este proyecto, inspirado en políticas de líderes conservadores como Donald Trump y Nayib Bukele, propone un nuevo estado de excepción para enfrentar el creciente crimen organizado.

Tras su ingreso, los senadores tienen un plazo de 15 días para discutir las ocho modificaciones constitucionales que plantea la iniciativa, en línea con el carácter de urgencia invocado por el mandatario.

Kast, quien asumió el poder en marzo con un fuerte enfoque en la tolerancia cero frente a la delincuencia y la inmigración irregular, ya había anunciado un paquete de medidas controvertidas en su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Estas incluyen penas más severas para los miembros de organizaciones criminales y la ampliación de los derechos de defensa legítima para los agentes policiales y ciudadanos.

La reforma, que está disponible para revisión en el sitio web del Senado, busca establecer la seguridad pública como una responsabilidad del Estado. Entre sus propuestas se encuentran la creación de regímenes penitenciarios diferenciados para quienes cometan delitos vinculados al crimen organizado y un registro de organizaciones criminales. Además, otorga al presidente la facultad de declarar a un grupo como organización terrorista o de crimen organizado.

La seguridad, un "deber" del Estado

El proyecto ha suscitado un amplio debate y críticas de diversos sectores, quienes advierten sobre posibles lagunas jurídicas y la falta de control democrático en el nuevo marco propuesto. Mauricio Duce, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comentó que el proyecto podría sobrepasar los límites de lo aceptable en un sistema democrático, otorgando amplios poderes al presidente.

El presidente defendió el proyecto, afirmando que corresponde al Congreso decidir sobre las normas necesarias para enfrentar el crimen organizado. La propuesta incluye la creación de un nuevo estado de excepción que podría ser declarado por el presidente sin la aprobación del Congreso en caso de amenazas graves o situaciones de emergencia ya generadas.

Este estado de excepción tendría una duración inicial de hasta 120 días, con posibilidad de prórroga, y permitiría restricciones a la libertad personal, así como la capacidad de interceptar y registrar comunicaciones. Estas medidas buscan responder a un aumento reciente en la violencia y el crimen organizado en el país, que ha generado preocupación en la población.

A pesar de que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, el incremento de delitos como secuestros y narcotráfico ha alimentado la ansiedad pública, lo que a su vez contribuyó a la victoria electoral de Kast en diciembre.