Quejas por acoso escolar quedan estancadas tras despidos en la administración Trump

WASHINGTON — En el distrito escolar de Pennridge, donde predominan los estudiantes blancos, se han reportado insultos racistas dirigidos a alumnos negros. Frases como "esclavo" y "mono" son lanzadas por compañeros, muchas veces sin que se tomen acciones al respecto.

Los padres del distrito elevaron una queja en 2024 al Departamento de Educación de Estados Unidos, solicitando una investigación sobre el acoso racial. Sin embargo, su queja se ha sumado a miles de casos que permanecen sin respuesta en una oficina federal, tras los despidos masivos que tuvieron lugar durante la administración de Donald Trump.

Las familias se sienten desamparadas, sin alternativas efectivas para abordar la situación. Adrienne King, presidenta de la filial de la NAACP en el condado de Bucks, expresó que había una expectativa de que se tomarían medidas, y al no ver resultados, se siente "vacía".

Una de las principales funciones del Departamento de Educación es supervisar la discriminación en las escuelas, pero su capacidad se ha visto debilitada. En su lugar, ha surgido un movimiento para que los estados asuman un papel más activo.

En Pensilvania, una legisladora ha propuesto crear una nueva agencia estatal que investigue a las escuelas y defienda los derechos civiles de los estudiantes, un rol que tradicionalmente ha sido del gobierno federal. Sin embargo, esta iniciativa podría generar un sistema desigual, donde no todos los estudiantes tengan las mismas protecciones.

La senadora Lindsey Williams presentó un proyecto de ley que busca establecer una oficina estatal de derechos civiles. Aunque enfrenta resistencia en el Senado controlado por los republicanos, Williams cree que su propuesta puede servir de modelo para otros estados, y ya ha recibido interés de legisladores en Maryland e Illinois.

Además, defensores en Pensilvania están pidiendo una mayor inversión en la Comisión de Relaciones Humanas, que tiene la autoridad para investigar quejas en el ámbito educativo, aunque su uso ha sido limitado. La abogada Kristina Moon está alentando a las familias a llevar sus quejas ante esta comisión en lugar de esperar por el gobierno federal.

Sin embargo, la comisión enfrenta sus propios desafíos, con un personal reducido y la incapacidad de manejar un aumento significativo de quejas. Hasta enero de 2025, el Departamento de Educación tenía más de 300 investigaciones abiertas en Pensilvania, cada una de las cuales podría ser transferida al estado.

Las dificultades en la resolución de quejas se han intensificado desde que Trump asumió la presidencia, con un notable aumento en los despidos y la carga de trabajo en la Oficina de Derechos Civiles. Esto ha resultado en una ralentización de los casos, y los funcionarios actuales han señalado que el atraso se debe a la administración anterior.

Las repercusiones de esta situación se extienden a otros estados. En Maryland, se ha propuesto un proyecto de ley para otorgar a la Comisión de Derechos Civiles nuevas facultades para investigar la discriminación en las escuelas. En Massachusetts, defensores están pidiendo mayor claridad sobre el funcionamiento de las oficinas existentes para que los estudiantes puedan presentar quejas de manera efectiva.

Las familias de Pennridge están considerando sus próximas acciones. King mencionó que el acoso no se ha detenido y que sus hijas continúan enfrentando comentarios racistas. "Me siento como si mis niñas hubieran normalizado mucho de esto, pero por cuestión de supervivencia", comentó, preocupada por el impacto que esto tendrá en su vida.