Protestas en Guatemala piden la liberación de líderes indígenas detenidos por terrorismo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Diversos grupos de pueblos indígenas en Guatemala realizaron manifestaciones el jueves para exigir la liberación de dos líderes originarios, detenidos desde hace un año y acusados de presunto terrorismo. Estas detenciones se produjeron tras su participación en las protestas del 2023, que cuestionaron a la fiscal general Consuelo Porras y defendieron la democracia en el país centroamericano.

Los manifestantes, ataviados con sus trajes tradicionales y portando la vara, símbolo de autoridad indígena, marcharon hacia el Ministerio Público para demandar el cese de la criminalización de los pueblos indígenas. Posteriormente, se dirigieron a la Corte de Constitucionalidad, donde solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal que, según afirman, se utilizó para solicitar las detenciones de los dirigentes. Además, fueron recibidos por el presidente Bernardo Arévalo.

Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes en 2023 ocupaban los cargos de presidente y tesorero de la organización los 48 Cantones de Totonicapán, fueron arrestados el 23 de abril de 2025, tras varios allanamientos ordenados por la fiscalía. La acusación incluye presuntos delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización de la acción penal, en relación con las protestas que paralizaron al país durante 20 días en 2023.

Ambos líderes, que continúan a la espera de un juicio, afirmaron a la prensa que son inocentes y que no cometieron actos de terrorismo. En sus declaraciones, subrayaron que las manifestaciones de ese año se llevaron a cabo en defensa de la institucionalidad y la democracia, en respuesta a las acciones de la fiscalía que intentaban obstaculizar el ascenso de Arévalo al poder.

El presidente de 48 Cantones, Eduardo Crecencio Tax, enfatizó que no permitirán que la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán se convierta en una condena anticipada. Durante la protesta, el mandatario Arévalo destacó que la detención de los activistas indígenas fue por defender la democracia, aludiendo al fin del mandato de Porras previsto para mediados de mayo.

El presidente también mencionó que la criminalización de los líderes indígenas ha causado un profundo dolor en muchas familias. En los ocho años de gestión de Porras, más de 130 operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos han tenido que exiliarse del país.

Pacheco y Chaclán permanecen en un centro de detención preventiva en un complejo militar en Ciudad de Guatemala, bajo vigilancia de guardias penitenciarios. "No hay ningún arrepentimiento, nunca hicimos nada malo", afirmó Pacheco, quien aseguró que sus acciones fueron respaldadas por la comunidad en asamblea y que contribuyeron a que muchas autoridades asumieran sus cargos.

En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre una crisis institucional en Guatemala, especialmente en relación con las acciones de la fiscalía y la persecución judicial de operadores de justicia, periodistas y líderes sociales, mencionando específicamente el caso de Pacheco y Chaclán.