Indígenas guatemaltecos defienden su inocencia tras un año de detención

CIUDAD DE GUATEMALA — Los líderes indígenas guatemaltecos Luis Pacheco y Héctor Chaclán han pasado un año bajo custodia, después de participar en las manifestaciones de 2023, donde exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Durante este tiempo, han defendido su inocencia frente a las acusaciones de terrorismo que enfrentan.

Ambos se encuentran en un centro de detención preventiva en un complejo militar en Ciudad de Guatemala, bajo vigilancia de guardias penitenciarios y a la espera de un juicio que se ha visto retrasado por recursos legales presentados en su contra. En una entrevista, compartieron las dificultades de su prolongado encierro y la relevancia de las protestas en la defensa de la democracia guatemalteca.

"No hay ningún arrepentimiento, nunca hicimos nada malo", afirmó Pacheco, quien consideró que convocar a las marchas fue una decisión colectiva de la comunidad. "Fue un servicio al pueblo", añadió.

Chaclán, por su parte, enfatizó que muchos deberían reconocer el valor de las autoridades indígenas, ya que gracias a ellos, diversas autoridades han podido asumir sus cargos. Ambos líderes están convencidos de que su detención es un intento de silenciar la voz del pueblo.

Las protestas, que incluyeron bloqueos de carreteras, paralizaron el país durante 20 días. Junto a Pacheco y Chaclán, otros dos dirigentes también fueron arrestados, acusados de terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, en un proceso judicial que aún se encuentra estancado.

"Nosotros no somos terroristas; no tenemos nada de qué arrepentirnos, fue una decisión del pueblo", declaró Chaclán. A pesar de la distancia de sus familias, ambos líderes mantienen su fe en que la situación de Guatemala cambiará para mejor.

Pacheco aclaró que las manifestaciones no defendían a Arévalo, sino que buscaban proteger la democracia y el voto del pueblo. "Los pueblos indígenas saben que la democracia es esencial en la vida de un país", subrayó.

En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre una crisis institucional en Guatemala, señalando acciones de la fiscalía y la persecución judicial a operadores de justicia y defensores de derechos humanos, incluyendo el caso de Pacheco y Chaclán.

Pronto, Arévalo deberá elegir a un reemplazo para Porras, quien ha sido sancionada por varios países por socavar la democracia. Pacheco y Chaclán expresaron su esperanza en que se produzcan cambios significativos y que el país pueda contar con un sistema judicial imparcial.

"Quiero dejar claro que la manifestación no es un delito y defender el voto es un derecho. La criminalización de la protesta, eso sí es un delito, y quienes lo hagan deberán responder por ello", concluyó Pacheco.