Primer fallo del Tribunal de Paz de Colombia contra ex FARC por miles de secuestros

BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia emitió el martes su primera sentencia contra la última cúpula de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por los secuestros de más de 21.000 personas durante el conflicto armado que se extendió por cinco décadas en el país sudamericano.

Los sentenciados fueron Rodrigo Londoño Echeverri, actual presidente del partido de los Comunes conformado por los exrebeldes; los congresistas Julián Gallo Cubillos y Pablo Catatumbo, y otros exjefes como Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.

Se trata de la primera sentencia que emite la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —creada por el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC— después de siete años de investigaciones sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La sentencia impuso sanciones que no implicaron la privación de la libertad, pero los condenados tuvieron restricciones a sus derechos de movilidad y trabajaron en proyectos para reparar el daño causado a las víctimas. Esto fue parte de los beneficios que recibieron a cambio de abandonar las armas y aceptar sus crímenes.

Los antiguos máximos jefes de la guerrilla admitieron su responsabilidad en la implementación de una política para secuestrar civiles, políticos, militares y policías y someterlos a tratos crueles durante el cautiverio que, en algunos casos, incluyeron violencia sexual.

El secuestro fue uno de los crímenes más repudiados por la sociedad colombiana, que vio en cadenas nacionales de televisión pruebas de supervivencia en las que los rebeldes mantenían encadenadas a sus víctimas o encerradas en jaulas con alambres de púas en medio de la inhóspita selva.

Según el tribunal, las extintas FARC secuestraban civiles para financiar sus operaciones a través del pago de extorsiones, así como para forzar el intercambio de guerrilleros presos, especialmente presionando con figuras de perfil político.

Algunas víctimas de secuestro fueron rescatadas, mientras otras fueron asesinadas o permanecen desaparecidas. El rescate más emblemático fue la Operación Jaque en 2008 en la que el ejército engañó a las FARC con una operación humanitaria ficticia y rescató a 14 personas, incluida la candidata presidencial Íngrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses que trabajaban en una empresa privada de defensa militar.

“Había cadenas livianas para aquellos que querían premiar y había cadenas muy pesadas para las mujeres y en particular para mí. Yo todavía guardo las marcas de las cadenas del cuello. Había un guerrillero muy particular que se había ensañado contra mí y que me apretaba tanto la cadena que yo no podía pasar saliva”, relató Betancourt, según el expediente en manos de la JEP.

Las ex FARC reconocieron por primera vez su responsabilidad por el secuestro en septiembre de 2019 y dos años después aceptaron la imputación por ese delito.

La JEP juzga a más de 14.000 personas involucradas en el conflicto armado. El 70% de ellos son exguerrilleros, el 29% exmiembros de la fuerza pública y el restante son civiles.

El sistema de justicia especial ha sido resaltado por la comunidad internacional como un hito en la búsqueda de la paz en Colombia, pero criticado por algunos sectores internamente como una forma de “impunidad” al no implicar años de cárcel para quienes confiesan sus crímenes.