ONU denuncia que Fiscalía guatemalteca aplica una política de criminalización sistemática

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, cuestionó el viernes a la Fiscalía guatemalteca durante su visita al país por implementar una política que criminaliza a colectivos como líderes sociales, operadores judiciales y periodistas que denuncian actos corruptos.

Satterthwaite llegó a Guatemala al invitación del gobierno entre el 12 y el 23 de mayo y en su informe preliminar, mencionó haber mantenido reuniones con abogados, instituciones de justicia, fiscales, magistrados y miembros de la sociedad civil para evaluar el funcionamiento del sistema judicial en el país.

En relación a la Fiscalía, la relatora subrayó que la institución, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por más de 40 países por presuntamente socavar la democracia y obstaculizar la lucha contra la corrupción, parece enfocarse en criminalizar a aquellos que intentan acabar con la impunidad y defender los derechos humanos.

"La criminalización se lleva a cabo mediante un conjunto de acciones que involucran al Ministerio Público, miembros del poder judicial y, en ocasiones, a actores privados", enfatizó la funcionaria de la ONU.

A partir de la información recabada y de casos en el sistema de derechos humanos de la OEA y de la ONU, Satterthwaite alertó sobre un panorama alarmante en el país. "Esta persecución se intensifica, pues quienes intentan combatir la impunidad y la corrupción enfrentan un creciente acoso digital, amenazas y cargos penales", declaró según un comunicado de la ONU.

La relatora también mencionó que durante su encuentro con Porras, la fiscal general rechazó las acusaciones de criminalización. "Se presentaron como víctimas de los ataques del Poder Ejecutivo y sus aliados", indicó la relatora. Porras defendió que los fiscales actúan dentro de los límites constitucionales y aplican normas de enjuiciamiento justas.

En respuesta a las observaciones de la ONU, la Fiscalía expresó su desacuerdo con el informe preliminar de Satterthwaite, argumentando que no refleja adecuadamente su trabajo. "Rechazamos enérgicamente la idea de la ‘criminalización de sectores’. Nuestras acciones se basan en investigaciones serias y en el apego a la ley", comentó el Ministerio Público.

“La criminalización aterra y afecta a las personas y sus comunidades”, reiteró Satterthwaite, destacando que el uso injusto del Derecho penal por parte del Ministerio Público constituye un patrón intencional de violación de derechos, dirigido contra grupos específicos, incluidos jueces, fiscales, periodistas y líderes sociales.

Un caso emblemático es el de Juan Francisco Sandoval, exfiscal que se exilió en 2021 tras enfrentar más de 100 procesos judiciales, argumentando que su persecución se debe a su lucha anticorrupción.

"Se han presentado cargos penales contra más de 60 operadores de justicia y defensores de derechos humanos", expuso Satterthwaite, quien instó a la Fiscalía a cesar con esta práctica y a ser más efectiva. Señaló que menos del 9% de los expedientes resueltos desde 2018 han llevado a acusaciones o condenas.

Satterthwaite urgió al gobierno guatemalteco a comprometerse a poner fin a la criminalización y garantizar la independencia de los profesionales del derecho. Además, sugirió la creación de un mecanismo independiente para evaluar el funcionamiento de la Fiscalía, como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se debe revisar el proceso de selección de magistrados y jueces para dar paso a una elección más transparente, ya que las deficiencias actuales permiten que intereses políticos interfieran en el proceso.