Movimiento Semilla se reorganiza en Guatemala ante presión judicial y nuevos desafíos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Diputados y miembros del Movimiento Semilla, que catapultó a la presidencia a Bernardo Arévalo, revelaron el miércoles la formación de un nuevo partido, asegurando que continuarán luchando por la democracia tras la anulación de su personalidad jurídica y las acciones legales que enfrentan sus integrantes.

Desde hace dos años, Semilla se encuentra bajo investigación por parte de la fiscalía, acusada de haberse constituido con firmas falsificadas, lo que podría llevar a su disolución como entidad política.

En junio de 2023, cuando Semilla logró posicionar a Arévalo para una segunda vuelta electoral contra Sandra Torres, ex primera dama a quien finalmente venció por un amplio margen, la fiscalía intensificó los procedimientos judiciales contra el partido para evitar que Arévalo asumiera la presidencia y limitara la influencia de sus representantes en el Congreso de la República.

De igual forma, en agosto de 2023, el Congreso, bajo la presidencia del partido VAMOS, vinculado al expresidente Alejandro Giammattei y que mantiene alianzas con otros grupos de oposición al gobierno de Arévalo, declaró a los diputados de Semilla como independientes.

A raíz del cambio de diputados al Congreso después de las elecciones, se formó una nueva Junta Directiva que revalidó la existencia de Semilla, permitiendo que en enero de 2024, Arévalo asumiera la presidencia, rodeado de manifestaciones de apoyo de sus seguidores.

Frente a esta situación, miembros de Semilla afirmaron que estaban explorando alternativas para establecer un nuevo partido o consolidar uno ya existente. Samuel Pérez, líder de la bancada oficialista, expresó que el país enfrenta una lucha histórica entre dos fuerzas. “Por un lado, están los vendidos a la traición, los dictadores y las mafias arraigadas en el sistema judicial que se aferra a la pobreza y corrupción. Por otro lado, el pueblo de Guatemala que lucha por la libertad, la justicia y la democracia, y que finalmente triunfará”, aseguró Pérez, instando a la población a unirse al nuevo proyecto político.

La fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, ha representado un obstáculo para la gestión de Arévalo. A pesar de sus solicitudes para que renuncie, Porras se mantiene en su puesto con un mandato que se extiende por 11 meses más. Ella y al menos seis fiscales, entre ellos Leonor Morales, quien investiga a Semilla, han sido sancionados por más de 40 países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Los jueces y fiscales, como Rafael Curruchiche y Orellana, también han sido sancionados por obstruir la lucha contra la corrupción y llevar a cabo acciones legales contra opositores y periodistas. Actualmente, investigan a miembros de Semilla por presuntamente haber formado su organización con firmas falsificadas o de personas fallecidas.

Asimismo, el mismo miércoles, el juez Orellana escuchó la declaración de Jorge Santos, exdirector de informática del TSE, quien fue arrestado a solicitud de la fiscalía por supuestamente manipular sistemas informáticos y no registrar actas electorales de las elecciones de 2023. Se le ha ordenado enfrentar juicio por abuso de autoridad y otros delitos relacionados.

La fiscalía ha intentado más de diez veces levantar la inmunidad de Arévalo para investigarlo por supuestos delitos que incluyen mensajes de apoyo en redes sociales a protestas en la única universidad pública del país y presuntos fraudes electorales.

Un informe de noviembre de 2023 de la misión de la Unión Europea expresó preocupación por las acciones de la fiscalía que, a su juicio, socavan la democracia, afirmando además que no hubo pruebas de fraude electoral en sus observaciones durante las elecciones.