Nuevo México podría demandar a la DEA por daños millonarios tras fallas en su estrategia

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. — La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, declaró el lunes que las autoridades estatales tienen la posibilidad de reclamar miles de millones de dólares en daños civiles. Esto se debe a las recientes revelaciones de que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitieron que cargamentos de fentanilo ingresaran a comunidades afectadas por las drogas, mientras intentaban construir casos más grandes.

La gobernadora, perteneciente al Partido Demócrata, expresó su intención de llevar esta situación "directamente a la Casa Blanca y al Congreso". Su objetivo es asegurar que la DEA no continúe utilizando esta arriesgada estrategia en Nuevo México y que no se repita en otras regiones. La cantidad de sobredosis ha aumentado en el estado, a pesar de que las muertes por fentanilo han disminuido en otros lugares del país.

"Esto representa un asombroso fracaso del gobierno federal", afirmó Lujan Grisham durante una conferencia de prensa en la oficina del médico forense estatal en Albuquerque. La gobernadora se unió a otros funcionarios y agentes del orden que exigen respuestas. "Es repugnante y despreciable".

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la DEA han ofrecido comentarios sobre el asunto. Las declaraciones de Lujan Grisham se produjeron una semana después de que se informara que los agentes de la DEA monitorearon cargamentos de fentanilo entre 2023 y 2025, sin incautarlos, como parte de un esfuerzo para construir casos penales más grandes.

Agentes actuales y anteriores de la DEA, incluido el denunciante David Howell, han declarado que esta estrategia equivale a un riesgo para la seguridad pública y podría haber violado normas del Departamento de Justicia de EE.UU. que buscan proteger a la población. Inicialmente, la DEA negó las acusaciones de Howell, pero posteriormente solicitó que se realizara una investigación independiente.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, a pesar de que la DEA lideraba una campaña de concientización pública titulada "Una pastilla puede matar", advirtiendo que incluso unos pocos miligramos de esta sustancia pueden ser letales.

La semana pasada, el fiscal general de Nuevo México anunció una investigación penal para determinar si algún funcionario federal violó la ley estatal al exponer deliberadamente a los residentes al opioide sintético. "Vamos a proteger al resto de Estados Unidos de este tipo de esfuerzo sucio de 'necesito un gran caso', sin importar las consecuencias", declaró Lujan Grisham. "Estamos furiosos porque es inmoral".

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, afirmó que el fentanilo representa el "desafío número 1" de su ciudad, impulsando el crimen y aumentando la cantidad de personas en situación de calle, además de tensionar los recursos de atención médica.

"Usarnos en algún tipo de experimento desinformado e indisciplinado que literalmente está matando a nuestra gente —eso es lo que es", manifestó. "Esto debería indignar a todos y cada uno de los habitantes de Nuevo México".

La semana pasada, el expresidente Donald Trump compartió un enlace en su página de Truth Social a un artículo que atribuía el escándalo al "Departamento de Justicia dirigido por Biden". En respuesta, el Departamento de Justicia afirmó que "la presunta conducta ocurrió bajo las desastrosas políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden".

Howell se presentó por primera vez durante el gobierno de Biden en 2023, y aunque fue marginado por hacerlo, continuó alertando sobre cargamentos de fentanilo no incautados, documentando un caso de 1,8 millones de pastillas que la DEA no interceptó en marzo de 2025.

Lujan Grisham ha criticado a ambos gobiernos por no actuar con suficiente firmeza ante la crisis del fentanilo en Nuevo México, mencionando la muerte de una niña de 15 meses el año pasado, quien supuestamente ingirió parte de las drogas de su madre en Española, un pueblo afectado por la pobreza y la adicción.

Aún no se ha determinado si alguna sobredosis mortal en el estado puede atribuirse directamente a la estrategia de la DEA. Mientras las muertes por sobredosis a nivel nacional cayeron un 14% el año pasado, Nuevo México experimentó un aumento del 21% en este tipo de muertes.

"Alguien debe asumir la responsabilidad por el daño al estado, por los riesgos a la seguridad pública que afectarán a todos aquí durante una década o más, y pagar para tratar de corregir los errores y recomponer la vida de las personas", afirmó Lujan Grisham.

Lujan Grisham, quien finalizará su mandato al final del año tras dos periodos como gobernadora, expresó que una de las partes más difíciles de ser una líder electa es enfrentar a las víctimas de lo que calificó como una devastación y una pérdida "sin sentido". "No hay palabras que puedan quitar ese dolor", concluyó. "Todo lo que podamos hacer para evitar la próxima pérdida para la próxima familia es el trabajo que todos hacemos colectivamente".