La gobernadora de Nuevo México solicita investigar a la DEA por fentanilo

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, solicitó el miércoles una investigación penal contra la DEA, tras descubrirse que agentes federales permitieron la circulación de cientos de miles de pastillas de fentanilo durante dos años, mientras intentaban desmantelar organizaciones de narcotráfico más grandes.

La gobernadora pidió al fiscal general del estado que evalúe si las acciones de la agencia violaron las leyes de Nuevo México. Esta demanda representa un desafío significativo a una agencia federal en un contexto donde el fentanilo se ha convertido en una de las principales amenazas de salud pública en Estados Unidos.

La solicitud de Lujan Grisham se produce luego de una investigación de The Associated Press, que reveló que la DEA permitió que grandes cantidades de fentanilo continuaran distribuyéndose en Nuevo México entre 2023 y 2025, en lugar de incautar estas drogas inmediatamente. La gobernadora plantea que esto plantea la cuestión de si los propios agentes de la DEA han sobrepasado límites legales en su lucha contra el narcotráfico.

Agentes actuales y pasados de la DEA señalaron que esta estrategia podría haber comprometido la seguridad pública en un estado que sufre por la crisis del fentanilo, y que podría haber violado directrices del Departamento de Justicia que buscan proteger a la población de esta droga, catalogada por la Casa Blanca como un "arma de destrucción masiva".

En un comunicado, Lujan Grisham expresó: "No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones. Que no haya dudas: la DEA sabía que personas morirían si estas pastillas llegaban a comunidades de Nuevo México, y de todas formas la agencia permitió que ocurriera".

Por su parte, la DEA no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el comunicado de la gobernadora. La agencia ha defendido que no sería factible incautar cada cargamento de drogas y que las decisiones tomadas fueron legales y razonables bajo las circunstancias.

Alex Uballez, exfiscal federal en Nuevo México, indicó que en ocasiones las drogas no se incautaron debido a la falta de recursos y porque consideraba que procesar a organizaciones más grandes tenía un mayor impacto que interceptar transacciones individuales de drogas.

No está claro si alguna sobredosis mortal puede atribuirse directamente a la estrategia de la DEA. Mientras las muertes por sobredosis a nivel nacional disminuyeron un 14% el año pasado, Nuevo México reportó un aumento del 21% en estas muertes.

La gobernadora ha expresado su intención de exigir responsabilidades al gobierno federal por esta situación y de explorar todas las vías posibles para corregir lo que considera agravios hacia la población de Nuevo México.

La investigación de The Associated Press incluyó testimonios de agentes y documentos gubernamentales, que revelaron que la DEA supervisó entregas de grandes cantidades de pastillas de fentanilo sin incautarlas. David Howell, un denunciante de la DEA, ha llevado su queja al Congreso, buscando que se investiguen estas acusaciones.

La situación ha generado un fuerte debate sobre la eficacia de las estrategias de combate al narcotráfico y la responsabilidad de las agencias federales en la protección de la salud pública.