Nueva orden de EEUU podría generar detenciones masivas de refugiados legales

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. — La administración del presidente Joe Biden ha emitido una nueva orden que podría resultar en el arresto de decenas de miles de refugiados que se encuentran legalmente en el país, pero que no han obtenido aún su residencia permanente, lo que representa un cambio significativo en las políticas migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó un memorando el miércoles que indica que los refugiados que solicitan la tarjeta de residencia permanente deberán ser colocados nuevamente bajo custodia federal un año después de su admisión en Estados Unidos para revisar sus solicitudes.

Según el documento, el DHS "puede mantener custodia durante todo el proceso de inspección y examinación". Esta medida ha generado preocupación entre grupos de defensa y organizaciones de reasentamiento, quienes prevén que la orden será impugnada en los tribunales y podría generar confusión y temor entre los casi 200.000 refugiados que llegaron al país durante el mandato de Biden.

La nueva directiva es parte de una serie de restricciones migratorias que han alterado políticas establecidas en relación con los refugiados, incluyendo una drástica reducción en el número de admisiones. Un memorando al que tuvo acceso la prensa indica que el gobierno planeaba revisar las solicitudes de todos los refugiados admitidos durante la presidencia de Biden, suspendiendo inmediatamente la aprobación de tarjetas de residencia permanente para aquellos que llegaron en ese período.

La administración justifica estos cambios en base a preocupaciones de seguridad nacional y económicas, aunque expertos han señalado que los refugiados que ingresan al país ya han pasado por un riguroso proceso de verificación.

La nueva orden fue emitida horas antes de que el juez federal John Tunheim escuchara argumentos sobre la posibilidad de extender una orden temporal que protege a refugiados en Minnesota del arresto y la deportación. Aunque esta orden es aplicable solo en Minnesota, la discusión sobre la nueva política nacional fue relevante durante la audiencia.

El número exacto de personas que podrían ser arrestadas bajo esta nueva normativa aún es incierto. Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Brantley Mayers, defendió el derecho del gobierno a arrestar refugiados un año después de su llegada, aunque indicó que esto no se aplicaría en todos los casos, lo que generó escepticismo entre los abogados de los refugiados.

La senadora Tina Smith, quien no asistió a la audiencia, expresó su descontento al señalar que el gobierno no logró presentar argumentos coherentes a favor de su política, comprometiéndose a seguir luchando por la justicia en los tribunales. Smith estuvo acompañada de defensores de los derechos de los refugiados, incluyendo a la representante Ilhan Omar.

Grupos de defensa de inmigrantes, como HIAS, criticaron la nueva política, describiéndola como un intento de detener y potencialmente deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en el país, a quienes el gobierno había prometido seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. La directora ejecutiva de HIAS, Beth Oppenheim, subrayó que en lugar de protección, el DHS amenaza con arrestos indefinidos.

El juez Tunheim había prohibido previamente que el gobierno arrestara a refugiados en Minnesota, indicando que las demandas probablemente prevalecerían basándose en alegaciones de ilegalidad en la política que justifica esos arrestos. La orden temporal que emitió el 28 de enero expirará el 25 de febrero, a menos que decida extenderla.

La demanda interpuesta en enero por grupos defensores de los derechos de los refugiados surge en respuesta a la Operación para una Nueva Verificación de Refugiados Posterior a la Admisión y Fortalecimiento de la Integridad (PARRIS), presentada como una iniciativa para reexaminar los casos de 5.600 refugiados en Minnesota que aún no han obtenido su estatus de residentes permanentes. La operación, que incluyó un despliegue masivo de agentes federales, ha desencadenado protestas debido a arrestos y detenciones de refugiados.

En su fallo, Tunheim destacó que los refugiados ya han pasado por un exhaustivo proceso de verificación antes de ser admitidos en el país y que no se ha presentado evidencia de que los arrestados representen un peligro para la comunidad o riesgo de fuga. Además, prohibió nuevos arrestos bajo la Operación PARRIS y ordenó la liberación de aquellos detenidos como resultado de esta operación.

"No están cometiendo delitos en nuestras calles, ni cruzaron ilegalmente la frontera. Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz", concluyó.