Migrante venezolano denuncia haber sido golpeado por guardias en El Salvador

WASHINGTON (AP) — Un migrante de Venezuela que fue deportado por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador dio el primer paso para demandar al gobierno estadounidense, afirmando que fue enviado erróneamente a una notoria prisión en el país centroamericano, donde los guardias le golpearon y se le impidió contactar a su familia o a un abogado.

Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años, presentó una reclamación por 1,3 millones de dólares ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijeron el jueves sus abogados del Democracy Defenders Fund. Rengel es uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados a El Salvador en marzo, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, tras la invocación por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Agentes de inmigración detuvieron a Rengel el 13 de marzo en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas, y afirmaron erróneamente que sus tatuajes reflejaban una afiliación con la pandilla Tren de Aragua, según la reclamación. Rengel había ingresado a Estados Unidos en 2023. Trabajaba como barbero y tenía programada una comparecencia ante un juez de inmigración en 2028.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un correo electrónico que Rengel era un "colaborador confirmado" de la pandilla Tren de Aragua, aunque no especificaron cómo se llegó a esa conclusión, señalando que sus afirmaciones eran una falsa "historia triste". El correo electrónico mencionó: "El presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem no permitirán que enemigos terroristas extranjeros operen en nuestro país y pongan en peligro a los estadounidenses. Escuchamos demasiado sobre las falsas historias tristes de pandilleros y criminales y no lo suficiente sobre sus víctimas".

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, o CECOT, Rengel afirmó que los guardias lo golpearon con puños y porras, y, en una ocasión, lo golpearon brutalmente después de llevarlo a un área de la prisión sin cámaras. Rengel fue enviado a Venezuela hace unas semanas como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Sus abogados indicaron que está viviendo con su madre y está “aterrorizado” de regresar a Estados Unidos.

Los abogados de Rengel buscan una indemnización por lesiones emocionales y psicológicas. En junio, un juez federal estadounidense dictaminó que el gobierno del presidente Trump debía dar a algunos de los migrantes enviados a la prisión en El Salvador la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

El juez federal de distrito, James Boasberg, afirmó que las personas no habían podido impugnar formalmente las deportaciones o las acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua, y ordenó al gobierno federal trabajar para darles una forma de presentar esas impugnaciones. El juez escribió que había surgido “evidencia significativa” que indicaba que muchos de los migrantes no estaban relacionados con la pandilla “y, por lo tanto, estaban languideciendo en una prisión extranjera por acusaciones endebles, incluso frívolas”.

En una audiencia celebrada el jueves, un abogado del gobierno federal dijo a Boasberg que no traería inmediatamente a los migrantes enviados de El Salvador a Venezuela como parte del intercambio de prisioneros de regreso a Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno planearon esperar el resultado de otros casos judiciales para decidir si permitirían que los migrantes regresaran, indicó el abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis.

Boasberg había ordenado al gobierno federal traer de vuelta a los aviones que transportaban a los presuntos pandilleros, pero la orden fue ignorada. El juez halló causa probable de que el gobierno cometió desacato al tribunal. Además, el juez planeó expandir la investigación de desacato para incluir una reciente denuncia de un informante que afirmaba que un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia sugirió que el gobierno de Trump podría ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros.