Más de 3.200 personas recuperan su libertad tras la Ley de Amnistía en Venezuela

CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que más de 3.200 individuos han obtenido su libertad total desde la implementación de la Ley de Amnistía, que entró en vigor hace cuatro días. Esta información fue proporcionada por una comisión especial encargada de supervisar el cumplimiento de dicha ley.

El diputado Jorge Arreaza, quien preside esta comisión, informó en una conferencia de prensa que hasta el martes se habían recibido un total de 4.203 solicitudes para beneficiarse de la amnistía. De estas, 3.052 personas que estaban bajo medidas cautelares de presentación o arresto domiciliario han sido liberadas, además de 179 que se encontraban en prisión.

Arreaza destacó que la Ley de Amnistía contempla la extinción del delito por el cual estas personas estaban siendo procesadas o condenadas. Hasta el momento, no se ha rechazado ninguna de las solicitudes presentadas.

La ley excluye de sus beneficios a aquellos condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos y rebelión militar. La normativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha suscitado desconfianza entre familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos, que han exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos.

La amnistía se aplica a líderes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas que han estado detenidos por motivos políticos. La ley fue sancionada el 19 de febrero, casi tres semanas después de que Rodríguez presentara la iniciativa para fomentar la convivencia en el país.

Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por tráfico de drogas. La mandataria expresó su esperanza de que esta amnistía ayude a sanar las divisiones generadas por años de confrontación política desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999.

El gobierno, por su parte, niega la existencia de "presos políticos" y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar el régimen. Organizaciones de derechos humanos critican el proceso, argumentando que los mismos jueces y fiscales que han acusado a los detenidos son quienes deben interpretar la ley para otorgar beneficios, lo que consideran un despropósito. Estas agrupaciones también han demandado la eliminación de lo que describen como un sistema represivo que ha llevado a múltiples encarcelamientos.