La Corte Suprema analiza el plan de Trump para eliminar protecciones a migrantes

WASHINGTON — Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos llevará a cabo audiencias sobre la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump para finalizar las protecciones legales para migrantes que escapan de conflictos bélicos y desastres naturales. Este caso forma parte de una serie de asuntos migratorios que el tribunal está revisando en el marco de una ofensiva más amplia de la Casa Blanca.

El gobierno ha apelado las decisiones de cortes inferiores que impidieron al Departamento de Seguridad Nacional poner fin rápidamente al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Haití y Siria. Si el tribunal falla a favor del gobierno, podría permitir que las autoridades retiren las protecciones a aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países, dejándolas expuestas a posibles deportaciones.

La Corte ya se ha manifestado a favor del gobierno anteriormente, permitiendo el cese del programa para venezolanos mientras continúan los litigios, aunque no se especificaron las razones detrás de esa decisión.

El Departamento de Justicia argumenta que el secretario de Seguridad Nacional tiene la autoridad para finalizar el TPS y que la ley vigente impide que los jueces cuestionen esta decisión. "Sin revisión judicial" significa sin revisión judicial, afirmaron abogados federales en documentos presentados ante el tribunal.

Sin embargo, abogados que representan a aproximadamente 350.000 migrantes haitianos y 6.000 sirios sostienen que los magistrados deben evaluar si se siguieron los procedimientos establecidos por la ley, alegando que el gobierno se saltó estos pasos en ambos casos.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado las protecciones para 13 países. Muchas personas que vivieron y trabajaron legalmente en Estados Unidos durante más de una década han perdido sus empleos y viviendas en cuestión de semanas, según los abogados. Volver a Haití o Siria no es una opción viable para muchos, dado que la violencia y la inestabilidad siguen vigentes, expresó Sejal Zota, cofundadora y directora legal de Just Futures Law.

"Esto es realmente una cuestión de vida o muerte", destacó Zota, mencionando el caso de cuatro haitianas deportadas en febrero que fueron halladas muertas en circunstancias violentas meses después.

El gobierno de Trump ha llevado el caso ante el máximo tribunal tras la decisión de jueces en Nueva York y Washington D.C. de posponer el fin de las protecciones. Un juez determinó que la "hostilidad hacia los migrantes no blancos" pudo haber influido en la decisión de cancelar las protecciones para los haitianos. Durante su campaña presidencial, Trump promovió rumores infundados sobre migrantes haitianos, lo que ha sido desmentido por las autoridades federales, quienes niegan que el racismo haya influido en las decisiones sobre el TPS.

Los sirios recibieron estatus de protección por primera vez en 2012, en medio de una guerra civil que se prolongó durante más de una década. Los haitianos se unieron al programa en 2010, tras un devastador terremoto, y han visto su estatus renovado en múltiples ocasiones debido a la violencia de pandillas que ha desplazado a más de un millón de personas.

Una de las afectadas, Maryse Balthazar, quien se encontraba de vacaciones en Estados Unidos cuando ocurrió el terremoto en Haití, ha vivido legalmente en el país durante 16 años y trabaja como asistente de enfermería. Para ella, perder las protecciones significaría volver a una situación de vulnerabilidad extrema. "Estaría sin hogar", advirtió. "Tengo miedo… es un temor con el que todos vivimos".

Además, el tribunal también está considerando otros casos migratorios este año, como la iniciativa de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento y la capacidad del gobierno para reactivar una política de asilo más restrictiva.